Proyecto Sociotecnológico

Ensayo

El sistema universitario venezolano padece de una severa crisis. Producto de una serie de circunstancias político-sociales, se ha generado una desviación de los principios y objetivos de la educación universitaria. La educación en este nivel se ha transformado en un mecanismo productor y reproductor de profesionales, alejados y descontextualizados de la realidad del país.

La Ley de Universidades, vigente desde hace más de 40 años, se encuentra desfasada. Esta ley ha favorecido la concepción de grupos monolíticos de poder dentro de las instituciones universitarias, quienes utilizan esos espacios para el beneficio propio. De igual modo, han mal manejado la política de acceso de los estudiantes a este sector, lo cual se refleja en una masiva exclusión e injusticia social.

En tiempos recientes se ha iniciado en Venezuela un intenso debate sobre el sistema universitario, el cual muestra signos de decadencia al estar, entre otras cosas, orientado por la Ley de Universidades de 1970, la cual fue elaborada como producto de circunstancias sociopolíticas distintas a las actuales.

Uno de los grandes desafíos que ha tenido históricamente la educación universitaria venezolana ha sido romper con la resistencia al cambio y lograr así la adecuación de las universidades a las nuevas realidades. Las estructuras de poder existentes en el sistema universitario han sido uno de los factores principales de resistencia a esos cambios.

A nivel de las propias instituciones, éstas no lograron revisar la distorsionada distribución del presupuesto; la ingobernabilidad que produce la organización por la que se rige. No lograron implementar procesos de evaluación flexibles, dinámicos, que fueran capaces de incorporarse a las nuevas formas de gestión, y a la toma de decisiones. No dieron suficiente visibilidad a los aspectos académicos positivos que se produjeron (a pesar de la ingobernabilidad de la estructura administrativa), más debido a la mística de muchos profesores e investigadores, que a los incentivos salariales.

Aunque la propuesta es que sea el sistema universitario el que genere su propia transformación para coadyuvar con el bienestar de la sociedad, vemos que en nuestro país esto no ha sido posible. El Gobierno nacional, tal vez por vez primera, asume dicha responsabilidad y ha mostrado su intención de contribuir con esas transformaciones.

La política de transformaciones educativas que persigue el Gobierno nacional no sólo se manifiesta en los elementos de inclusión y de justicia social para los sectores de la comunidad universitaria históricamente excluidos, mostrados en la LOE, sino que también puede evidenciarse en otras propuestas que impactan positivamente la estructura universitaria tradicional, como la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI) y la Ley de Servicio Comunitario del Estudiante de Educación Superior (República Bolivariana de Venezuela, 2009).

Esta ley no sólo busca dar los lineamientos al desarrollo científico y tecnológico del país, sino que estipula que las empresas públicas y privadas deben aportar recursos, lo cual contribuye con el desarrollo del sector universitario.

El sistema de educación universitaria venezolano cuenta con una acumulación importante de aspectos positivos que es preciso valorar en momentos de cambio. Venezuela ha logrado una significativa tasa de matrícula en el nivel de la educación superior, casi el doble del promedio regional (32%, comparado con 17% que es el promedio de América Latina), además, ocupa el cuarto lugar en matrícula de estudios de postgrado (sólo superado por Brasil, México y Chile). Algunas universidades públicas Venezolanas no han caído en el colapso que lo han hecho muchas universidades públicas en otros países de América Latina, por el contrario, algunas de ellas siguen siendo las universidades de mayor prestigio a nivel nacional; no solamente por la calidad de los profesionales que forma, sino también por la productividad en investigación. Las universidades públicas venezolanas (especialmente algunas regionales) han tenido iniciativas importantes en establecer relaciones con el entorno, esto es, con las empresas y con las comunidades.

Desde 1999 el gobierno nacional ha realizado cambios e innovaciones en el sistema educativo. En ese mismo año se activó una amplia consulta nacional, sobre el papel de la educación en la refundación de la República (constituyente). Se logró la consagración de la autonomía universitaria en la nueva Constitución y de la educación como un derecho humano universal, deber social fundamental y función indeclinable del Estado, además de su carácter público y gratuito hasta el pregrado.

En la Asamblea Nacional se han aprobado propuestas, las cuales ha generado cambios significativos para garantizar una educación universitaria de calidad, entre los que destacan: La Ley Orgánica de Educación en 2002, además, se creó el Ministerio de Educación Superior (MES) y se conformó una Comisión para elaborar el Documento Rector que sustentó el origen

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