Teóricamente

Teóricamente las peruanas y los peruanos tienen derecho a disfrutar de los avances científicos en salud reproductiva y elegir el método de regulación de la fecundidad de su preferencia. Para ello debe contar con una gama disponible de opciones, incluyendo el método de anticoncepción oral de emergencia, que está respaldado por diversas organizaciones como el Colegio Médico del Perú, la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud y la Federación Latino Americana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología (FLASOG), entre otras entidades de la sociedad civil.

Los temas de población y de salud sexual y reproductiva no sólo concitan un interés particular de los ciudadanos, sino que el consenso internacional es que el estado moderno es responsable de brindar las condiciones para alcanzar el nivel más alto posible de salud de su población. Este ahora no es por lo tanto un asunto meramente privado sino un debate público. De allí que involucre mucho más que los aspectos puntuales de metodología anticonceptiva. Por ello también lo que está directamente en debate es la condición misma del estado laico. En consecuencia el debate abarca hasta el rol del Estado en el reconocimiento del derecho de las personas para decidir sobre su salud sexual y reproductiva, derechos que a juzgar por la controversia existente no están consolidados sino en proceso de afirmación.

Desde el punto de vista práctico el ejercicio de los derechos reproductivos implica que la población tenga acceso legal a la información y los medios disponibles autorizados de acuerdo al marco jurídico vigente. Consecuentemente mientras la AOE sea un método anticonceptivo lícito debe estar al alcance del público a través del sector público o el privado. El que sea desaprobado por algunos no es argumento suficiente para que su uso se prohíba.

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