AGUA POTABLE

La necesidad del agua para el planeta, para la sobre vivencia de cualquier tipo de vida pero en especial para el ser humano plantea la necesidad de garantizar el acceso a toda la humanidad.

Teóricamente, se ha dicho que el agua alcanzaría para 20 mil millones de personas lo que equivaldría a más de tres veces la población mundial. Sin embargo el modelo económico neoliberal y el tipo de gestión que se le da, no hace del agua un recurso renovable ni permite que sea disponible para todos.

En la legislación colombiana se ha considerado el agua como un bien nacional de uso público, por ser este un recurso natural de gran relevancia e indispensable para la vida y el desarrollo económico del país, de ahí su carácter público, nacional, comunal y con funciones sociales y ambientales.

Aunque las principales normas y políticas se han basado en este principio desde la Constitución de 1886, esto no ha impedido que el sector privado entre a desempeñar un papel significativo en la provisión y manejo de los servicios de agua potable y saneamiento básico.

Las políticas de libre mercado y privatización promovidas en las últimas décadas por los organismos multilaterales, como consecuencia del desarrollo del neoliberalismo y así mismo la globalización, han tenido una influencia directa sobre la legislación ambiental y el derecho al acceso al agua potable por parte de los sectores más pobres y vulnerables, convirtiéndola en una mercancía susceptible de ser comercializada por empresas privadas, desnaturalizando su carácter de bien público .El agua es ahora el recurso de la privatización, para la cual se disputan mercados nuevos para la venta de grandes volúmenes de agua.

La privatización ha traído como consecuencia un encarecimiento del agua para los usuarios ahora convertidos en “clientes”. La privatización aparece cada día por los intereses monetarios estatales y la falta de compromiso con lo social, cada vez más el estado quiere liberarse de la responsabilidad con lo público provocando por todos los medios la privatización de este recurso vital.

En Colombia, por ejemplo, la privatización de algunos aspectos de la operación de la empresa de Acueducto de Bogotá ha generado aumentos de tarifas del 126% para el estrato uno, de 58% en el estrato dos y de 55% en el estrato tres.

Esto ocasiona que centenares de familias enteras de los estratos 1 y 2, por lo menos, vean obstaculizado el acceso al agua puesto que su capacidad económica no alcanza para el pago del costo del metro cúbico. Por ejemplo en Colombia, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ha parcializado la privatización en actividades varias, lo cual ha incrementado de gran manera su costo de referencia y así, afectando las tarifas de los estratos bajos.

El hecho real es que tanto a nivel internacional como nacional la privatización ha conducido a un encarecimiento del servicio público de acueducto. Este fenómeno viene siendo resistido mundialmente en la actualidad comenzando por Francia, país en el cual tuvo origen. En América Latina son suficientemente conocidos los casos de Bolivia, Uruguay, donde un reciente plebiscito estableció el carácter público del agua y prohibió la prestación del servicio de acueducto por parte de empresas privadas y Argentina, lo cual se intentó realizar en Colombia a mediados del año 2009 con la propuesta de un referendo cuyo propósito era la lucha contra la privatización del agua potable, para dotarle el carácter de Derecho Humano al Agua, este referendo buscaba reformar a la carta de los derechos y deberes de los colombianos (as) para que se agregaran y modificaran algunos artículos con relación a la defensa del líquido vital, dicho proyecto no tuvo éxito.

Sin embargo, este enfoque del DERECHO HUMANO AL AGUA fue abordado por la Defensoría del Pueblo desarrollado en la “Observación General No.15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales” de las Naciones Unidas. En el cual la Defensoría del Pueblo centra su actividad en la instauración del respeto a los derechos humanos, con el fin de que la población en general pueda informarse acerca del contenido y delimitación de sus derechos. Uno de los pasos primordiales para su promoción y efectividad es hacer diagnósticos del sector público para fortalecer la acción del Estado.

Este informe analiza el cumplimiento de las

...