AMBITO PROTECTOR DEL JUICIO DE AMPARO

El fundamento constitucional de la amplitud protectora del juicio de amparo deriva del artículo 103 constitucional, al establecer que los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales.

Para comprender la expansión actual del amparo mexicano es imposible sin referir al fenómeno de la llamada desnaturalización del juicio de amparo, derivada del texto definitivo del artículo 14 de la constitución de 1857, que dio lugar a la denominada garantía de la exacta aplicación de la ley, de manera que el amparo dejó de ser un instrumento de control constitucional en sentido puro para adquirir, además, la función de controlador de la legalidad de todas las sentencias judiciales dictadas en el país.

La aceptación de dicha garantía fue muy cuestionable, ya que existían muchos opositores a que existiera la procedencia del juicio de amparo en contra de sentencias judiciales, con el argumento irreprochable de que los actos ilegales de éstos podrías corregirse a través de los recursos procesales ordinarios. Los principales razonamientos que sostenía Ríos y Valles, un reconocido diputado para oponerse a que el amparo procediera en contra de resoluciones a los tribunales estatales se centraba en que se violaba la soberanía de los estados y que si un tribunal local viola la constitución o el derecho federal existen recursos para anular dicha resolución.

De esta manera, el Congreso aprobó la Ley de Amparo de 1869, ordenando en su artículo 8º que: “No es admisible el recurso de amparo en negocios judiciales”. Sin embargo dicho precepto tuvo poca duración, pues al fallar el trascendente caso de Miguel Vega, la Suprema Corte declaró implícitamente inconstitucional el artículo 8º de la Ley de Amparo.

Parece oportuno recordar como ocurrió aquél suceso. Miguel Vega, juez penal de Culiacán, Sinaloa promovió amparo en contra de la resolución del Tribunal Superior del estado, que lo condenó a la suspensión de un año de su función como juez, pero también en el ejercicio de su profesión de abogado. El Juez de Distrito que conoció del asunto desechó la demanda de amparo con fundamento en el mencionado artículo 8º. El caso llegó a la Corte la que resolvió que revoco la resolución del juez de distrito y ordena se devuelva el expediente al juzgado de origen para la sustanciación del ampro y dicte sentencia conforme a derecho.

No obstante que la Suprema Corte ordenó reponer el procedimiento, el Tribunal Superior de Sinaloa se negó a rendir el informe con apoyo en el artículo 8º de la Ley de Amparo que negaba la procedencia del amparo en negocios judiciales. La Corte para desestimar la negativa del Tribunal argumentó que la resistencia de dicha autoridad a rendir el informe debe influir en su propio perjuicio, pero no en el de los derechos del quejoso, ni mucho menos entorpecer la secuela del juicio.

Fix-Zamudio ha estudiado de mejor manera la estructura y el funcionamiento procesal del amparo, enseña que el Juicio Mexicano es una institución compleja que bajo su aparente unidad comprende varios instrumentos procesales con principios generales comunes, por lo que el juicio de amparo debemos considerarlo como una Federación de instrumentos procesales cada uno de los cuales posee una función tutelar específica, que a su vez determina una serie de aspectos peculiares que no pueden comprenderse sino por conducto de su análisis autónomo.

De acuerdo con la teoría del maestro Fix-Zamudio, el amparo presenta cinco funciones diversas: para la tutela de la libertad; para impugnar leyes inconstitucionales; como medio de impugnación de las sentencias judiciales, para reclamar los actos y resoluciones de la administración activa y finalmente para proteger los derechos sociales de los campesinos sometidos a régimen de la reforma agraria.

Con las diversas funciones arriba mencionadas, perece ser que el amparo tiene gran extensión. Si bien su procedencia se encuentra supeditada

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