Administrativo

INTRODUCCION

La realización de una fuerte demanda de bienes, servicios y obras por parte de las administraciones públicas repercute de forma considerable sobre la estructura económica del país, de allí la necesidad que los organismos públicos contraten con personas jurídicas o naturales del sector público o del sector privado, para cumplir con algunas de sus obligaciones, el cual debe estar regulado por un cuerpo normativo. Esto debido a la importancia económica, los intereses legítimos de las empresas que concurran a las contrataciones y, no en menor medida, el interés público por una gestión eficiente del dinero de todos los ciudadanos, obliga a establecer sistemas de otorgamiento de estos contratos respetuosos con los principios constitucionales. En la actualidad el instrumento legal que regula la contratación pública en Venezuela es la Ley de Contrataciones Públicas y anteriormente se encontraba regulado por la Ley de Licitaciones.

La Ley de Contrataciones Públicas se puede considerar como una normativa destinada, a regular toda la “contratación pública” es decir, toda la actividad contractual del Estado y, por tanto, los contratos del Estado o contratos públicos celebrados por las personas jurídicas estadales. Fue publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.895 de fecha 25 de marzo de 2008, reformada en el 2009 y publicada en gaceta Nº 39.165 de fecha 24 de abril de 2009 y posteriormente en el 2010 y publicada en gaceta Nº 39.503 de fecha 06 de septiembre de 2010, esta ley viene a derogar el Decreto Ley de Reforma Parcial de la Ley de Licitaciones Nº 1.555 y publicado en la gaceta Oficial Nº 5.556 de fecha: 13 de noviembre del 13/11/2001. Es un instrumento jurídico el cual estaba diseñado para regir, modernizar y agilizar los procedimientos de selección de contratistas, llevados a cabo por los entes públicos.

La ley de Contrataciones Públicas no sólo regula los procedimientos para la selección de contratistas, sino que extiende sus objetivos hacia el fortalecimiento de la soberanía, el desarrollo de la capacidad productiva y la transparencia de actuación en materia de contrataciones públicas e igualmente viene a llenar el vacío que existía en cuanto a la contratación para la adquisición de bienes y servicios (Artículos 103 y siguientes). Esta nueva ley se rige bajo los principios de planificación y promoción de la participación popular a través de cualquier forma asociativa de producción.

La ley de Contrataciones Públicas sustituye a la de licitaciones y establece la reestructuración de los esquemas de las contrataciones públicas, los procedimientos de selección de contratistas y proveedores del Estado. Para la selección de contratistas, la nueva ley establece las modalidades de concurso abierto, cerrados y de consulta de precios, así como la contratación directa. La nueva ley reduce los lapsos para la preparación de ofertas e incluye los consejos comunales a los procesos de adjudicación de la empresa y la contraloría social.

-Esquema para la contratación y ejecución de obras por entes públicos.

El procedimiento que debe llevar un ente u organismo público para contratar obras:

Una vez que hay la necesidad de adquirir un bien, contratar un servicio o ejecutar una obra, nos lleva a la planificación para elaborar un proyecto que solvente la necesidad existente, con todas las especificaciones técnicas. Una vez que ya se tiene el proyecto se inicia el proceso de selección de contratista y es cuando arranca tanto la Ley de Licitación como la ley de Contrataciones públicas.

Este proceso se inicia con una invitación y una entrega de pliegos que entre otras cosas debe contener información sobre los requisitos que deben cumplir ambas partes, luego se recibe las ofertas, se toman las decisiones y se notifica de los resultados del proceso. Hasta aquí llegaba el procedimiento en relación a la Ley de Licitación, mientras que en la Ley de Contrataciones Públicas, el proceso continua con la firma del contrato, se levanta un acta de inicio y se procede a la ejecución de la obra y administración del contrato hasta la finalización de la obra y finiquito del contrato

2.-Exposición de motivos:

Dentro de las razones que justificaron la necesidad de creación de estas leyes están:

2.1.- ley de Contrataciones Publicas

• Crear reglas transparentes que promuevan la capacidad productiva con responsabilidad social.

• Dar agilidad a los procesos de contratación y promover el desarrollo de las actividades sociales.

• Regulación de los tiempos de cada modalidad de contratación.

• Dar prioridades a las Pymi, cooperativas y otras formas asociativas en las modalidades de selección de contratistas.

• Modificación de los rangos cuantitativos de las unidades tributarias para las modalidades de contratación.

• Creación del compromiso de responsabilidad social.

• Inclusión de los consejos comunales.

2.2.- Ley de Licitaciones

• Instrumento legal indispensable para Fomentar la eficiencia de la inversión pública.

• Falta de transparencia y eficiencia en los procesos licitatorios por lo complejo del articulado, lo que repercute en su frecuente incumplimiento.

• Falta a la libre competencia mediante la exigencia de bienes con marcas comerciales.

• Otorgamiento de privilegios a entes públicos y privados que ponen en desventaja a las Pymi y Pyme.

• La Modernización y agilización de los procedimientos de selección de contratista.

• Fomentar el desarrollo de la industria nacional

• Instrumentar las licitaciones electrónicas.

3.- Objeto de las leyes:

3.1.- ley de Contrataciones Publicas

El objeto de la ley consiste en regular la actividad del estado para la adquisición de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras y asegurar la transparencia de los órganos del estado.

La Ley de Contrataciones Públicas No se limita a regular los procedimientos de selección de contratistas, sino que extiende sus objetivos hacia el fortalecimiento de la soberanía, el desarrollo de la capacidad productiva y la transparencia de actuación en materia de contrataciones públicas.

Esta Ley tiene una ventaja significativa para el ente contratante porque permite la selección inmediata del contratista, por cuanto se incorporó en la Modalidad de Contrataciones Directa todas aquellas situaciones de carácter excepcional, que de acuerdo a la experiencia en la administración pública,

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