Análisis caso Marbury vs Madison

Derecho Constitucional

1º Trabajo Práctico: “Marbury vs. Madison”.

Profesor: Dr. Bernardo Fabián Santos.

Alumno: Rolón, Cielo María.

Respuestas:

1. La persona que ganó el litigio es James Madison, Secretario de Estado de los E.E.U.U. Éste último fue el destinatario de la demanda hecha por William Marbury, con el fin de esclarecer las causas por las cuales Madison no efectuó la notificación que poseía su nombramiento de Juez de Paz del distrito de Columbia, el cual le había sido otorgado durante el mandato del presidente anterior, John Adams. Sumado a su deseo de que se consume por mandato la misma.

El triunfo del Secretario de Estado se acentuó luego del voto de la Corte Suprema de Justicia, presidida por John Marshall, que resolvió rechazar la petición de Marbury acerca de emitir un mandamiento, es decir, una orden directa de ejecución de conducta al funcionario público, siendo ésta una medida no abalada por la Constitución.

No obstante, la CSJ reconoce que ha sido violado el derecho de Marbury, ya que cuando un nombramiento ha sido firmado por el Presidente y sellado por el Secretario de Estado, tal designación se considera hecha. Por lo tanto, la ley que ha creado el cargo, se lo ha otorgado al funcionario  (Marbury) junto con el derecho de ejercerlo por cinco años de manera irrevocable y por ende protegido por la ley de su país. Asimismo, la retención de su nombramiento es un acto que la Corte considera no respaldado por la ley y por ello violatorio de legítimos derechos adquiridos. Aun así, teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, Marbury termina por no obtener su designación de Juez De Paz, porque la CSJ escogió por válido el contenido de la Constitución por sobre la Sección trece del Acta Judicial que acordaba a la Corte Suprema competencia para expedir un mandamiento (argumento de Marbury).

En efecto, la Corte no pudo emitir un mandamiento al Secretario de Estado, ya que la Constitución de los E.E.U.U establece en su Art. III que la competencia de la Corte Suprema es sólo por apelación, salvo en determinados casos en la que es originaria, no encontrándose el mandamiento dentro de estas excepciones. Por ende, sólo por el hecho de no poseer competencia originaria,  se rechazó la petición del demandante. La ley apelada por Marbury (sección 13 de la ley de organización de la Justicia de 1789 -  Judiciary Act of 1789) es aquella por la que se establecen los tribunales judiciales en los EE. UU. y autoriza a la Corte Suprema a emitir mandamientos, en casos que fuesen comprendidos según los principios y las costumbres del derecho, a cualquier tribunal o persona designado en su oficio bajo la autoridad de EE. UU. Empero, la Constitución dice detalladamente: “En todos los casos concernientes a embajadores, ministros y cónsules extranjeros, y en los que alguna provincia fuese parte, la Corte Suprema ejercerá jurisdicción originaria. En todos los casos mencionados anteriormente, la Corte Suprema ejercerá su jurisdicción por apelación”. Por lo que si esta Corte, opinó Marshall, no está autorizada a emitir una orden de ejecución a tal funcionario, sólo puede ser causa de la inconstitucionalidad de la ley, incapaz, por ello, de conferir autoridad y de asignar las obligaciones que sus palabras parecen conferir y asignar. De tal modo se confirma y enfatiza el principio de que la ley repugnante a la Constitución (en este caso, sección 13 de Judiciary Act of 1789) es inconstitucional, por lo tanto, nula.

1. Es cierto que en ese momento, el exceso de cargos de jueces de paz  que hasta ese entonces habían nombrado, sumado a la impopularidad de los federalistas, lo que se hubiese generado si se otorgaba el nombramiento a Marbury es que los integrantes del partido de Marshall, que se encontraban en el gobierno junto con él, hubieran encontrado, indefectiblemente, la forma de expulsarlo del tribunal impulsando así un aumento del descontento popular hacia el partido en cuestión.
2. A) En el momento en que Marshall redactó “Marbury vs. Madison” tenía una débil posición política, por lo que su declaración de inconstitucionalidad no iba a poder ser respetada por el Poder Ejecutivo, ya que no solo iba a terminar afectado sino que también éste se encontraba afianzado en el poder y con el Congreso, en donde en su mayoría eran oficialistas, lo cual sería una fuerte oposición a un nombramiento mandado por la Corte.

B) El ex Secretario de Estado, no pudo efectuar el control de constitucionalidad, simplemente  porque en ese momento, la interpretación realizada del fallo no era conveniente para el régimen. Si la sección 13 del Judiciary Act hubiera contenido una norma favorable al gobierno de Jefferson, el fallo no hubiera hecho referencia al tema constitucional.

C) La resolución de Marshall en este fallo logró limitar al Poder Judicial, de manera que a partir de la declaración de inconstitucionalidad se restringió el supuesto en el cual el tribunal podría tener competencia originaria y también le impidió que pudiera emitir mandamiento. Asimismo, dejó sentado que toda ley por la cual se amplíe la competencia de la Corte será declarada nula en virtud de su contradicción con el Art. 3 de la constitución de EE. UU.

D) El “arma secreta” en el cual sustentó  Marshall toda su resolución, fue la Carta Magna, la ley suprema a la que todo se subordina, la Constitución. Cabe recordar que los tres poderes (Ejecutivo, Judicial y Legislativo) están regidos, en cuanto a su composición, jurisdicción, funcionamiento, etc., por la Constitución, por eso, es inadmisible que  sus funcionarios obraran vulnerando a la misma. De modo que en este caso, si la Corte emitía un mandamiento, todos rompían con su juramento a la Constitución y, cuestionaba Marshall, ¿Por qué motivo jura un juez desempeñar sus deberes de acuerdo con la Constitución de los EE. UU. si esa Constitución no fuera norma obligatoria para su gobierno? Afirmaba así el principio de control de constitucionalidad, por lo que si una ley contraría a la Constitución no es ley y como consecuencia no puede ser acatada.

1. A) El Presidente de la Corte establece que cuando se trata de un funcionario o ministro que tiene funciones precisamente de conformidad con la voluntad del Presidente, actuando así como un órgano a través del cual se transmite la voluntad del anterior, los actos que realice no van a poder ser nunca examinados por los tribunales. Sin embargo, cuando el Congreso impone a ese funcionario otras obligaciones, se le encomienda por ley llevar a cabo ciertos actos y los derechos de los individuos dependen del cumplimiento de los mismos, ese empleado deja de ser una extensión del Presidente para convertirse en funcionario de la ley y por lo tanto es responsable ante las leyes por su conducta, pudiendo así ser sometido en caso de incumplimiento por cualquier tribunal que así lo requiera.

B) La Corte Suprema de Justicia no tiene la facultad de revisar las decisiones que expide el Poder Ejecutivo, tal decisión es meramente política y exclusiva del mismo. Esta exclusividad de decidir es otorgada por la Constitución que a su vez, niega toda posibilidad de intromisión de los poderes restantes.

C) Efectivamente, la Corte Suprema puede declarar la inconstitucionalidad de un tratado, porque en este caso hipotético, se vulneran derechos al anular un contrato hecho entre compañías y por esto es correcta la puesta en marcha de la tutela judicial de derechos individuales.

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