Audite y Normas

Audite y Normas

1. INTRODUCCION

Las normas de auditoría en Colombia se han creado con la finalidad de verificar y velar por la eficacia y moralidad de la gestión pública y ha definido algunos objetivos como mejorar la calidad y cobertura del control y vigilancia fiscal y desarrollar acciones preventivas y correctivas en la gestión pública y la defensa

del patrimonio público.

En este contexto, la Contraloría General de la República tiene establecida una Guía de Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Audite, una herramienta en permanente construcción y desarrollo y que ha evolucionado en sus distintas versiones: 1.0, 2.0, 2.1, 2.2 y 3.0 y actualmente la 4.0; ha demostrado, ser el

instrumento que a través del tiempo ha permitido consolidar conceptual y operativamente el proceso auditor.

Audite 4.0 ha sido elaborada considerando estándares y buenas prácticas en materia de auditoría internacional. Su eje central está compuesto por las actividades primordiales y fases del proceso auditor, como son: la comunicación de asignación de actividades, la planeación de la auditoría, la ejecución de la

misma, el informe y la ejecución de actividades posteriores del proceso auditor; y se definen aspectos temáticos transversales no menos importantes, en un proceso de una auditoría de calidad, como son a administración del proceso auditor, la administración de papeles de trabajo, la evaluación y administración del riesgo del proceso auditor y el aseguramiento de la calidad de la auditoría.

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2. HISTORIA Y EVOLUCION

El Departamento de Contraloría Colombiana empezó a funcionar el 1° de septiembre de 1923, cuando entro en vigencia la Ley 42 sobre "Organización de la contabilidad oficial y creación del Departamento de Contraloría" que empezó con el presidente Pedro Nel Ospina el 19 de julio del mismo año. Esta ley fue creada

por recomendación de una delegación norteamericana encabezada por Edwin Walter Kemmerer, que tenía la misión de reorganizar las finanzas públicas, envueltas en una profunda crisis producto de la inestabilidad social y económica generada por las guerras de principios del siglo pasado.

La Misión Kemmerer recomendó la creación del Departamento de Contraloría, por considerar que podía establecer los medios para imponer una estricta observación de las leyes y reglamentos administrativos en lo relacionado con el manejo de propiedades y fondos públicos.

La Ley 42 de 1923 atribuyó al Departamento de Contraloría facultades como la de revisar y contar los elementos de propiedad estatal, lo mismo que las estampillas y el papel sellado en poder de empleados públicos. Le permitía, además, examinar y verificar las entradas y licenciamientos de personal en el Ejército y la Policía.

A continuación se ve la evolución y el desarrollo de la auditoria en Colombia a lo largo de los años:

1923

Llega al país la Misión Kemmerer encabezada por el profesor Walter Kemmerer y formula una serie de cuestionamientos sobre la Corte de Cuentas que llevaron a la creación del Banco de la República, la reorientación de la contabilidad de la Nación y la creación del Departamento de Contraloría, mediante la Ley 42 de 1923.

1932

Por medio del Decreto 911, la Contraloría es organizada como una oficina de contabilidad y control fiscal y se establece la obligatoriedad de rendir cuentas ante este organismo, sobre el manejo de los bienes y recursos del Estado.

1975

Con la Ley 20, se da origen a los controles previo, perceptivo y posterior (control numérico legal). Se amplía la facultad de la Contraloría para fiscalizar a los particulares que manejen los bienes y recursos del Estado, y de refrendar los contratos de la deuda pública. Por otra parte, se crea la Comisión Legal de Cuentas de la Cámara de Representantes, con la función de fenecer o no la cuenta General del Presupuesto y del Tesoro.

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1991

El control fiscal, constitucionalmente, da un giro de 180º. Se elimina el control numérico legal y se da paso al posterior y selectivo (Art. 267 C.P.), fundamentado en la eficiencia, la economía, la eficacia y la valoración de los costos ambientales. Se concibe la Contraloría como una entidad técnica con autonomía presupuestal y administrativa.

1993

A través de la Ley 42, se establecen los procedimientos, sistemas y principios para el ejercicio de la vigilancia fiscal y se reglamenta el proceso de responsabilidad fiscal, el cual debe ser adelantado en dos etapas: investigación y juicio.

2000

La auditoria gubernamental con enfoque integral AUDITE comenzó a ser adoptada oficialmente en la república de Colombia en su versión 1.0 por medio de la resolución orgánica número 05049 de marzo 9 del año 2000 siendo esta una versión de prueba que cubría los aspectos más generales a la hora de auditar una

empresa pública en su gestión.

El proceso de responsabilidad tiene un vuelco total; mediante la Ley 610 se reduce a una sola etapa. Se define el concepto de gestión fiscal, los elementos para la responsabilidad fiscal, se fijan los términos para la caducidad y la prescripción y se extiende la responsabilidad fiscal a los herederos como consecuencia de la muerte del presunto responsable.

2001

Se desarrolla una versión más completa y con mayor valor técnico de AUDITE 1.0, la versión 2.0 se oficializó por resolución orgánica número 05227 del 11 de Julio del 2001.

2002

El 2 de julio de este año la Contraloría General de la República recibió la certificación ISO 9001(versión 2000) otorgada por BVQI de Colombia Ltda. (Bureu Veritas), con lo cual fueron avalados a nivel internacional la calidad de una buena parte de los procesos del ente de control. Para ese momento, la CGR era la única

entidad pública del orden nacional certificado por la norma ISO 9001 y la segunda contraloría latinoamericana en certificarse. Se desarrollo la actualización de AUDITE 2.0 a AUDITE 2.1 por resolución orgánica número 05364 de Junio 25 de 2002.

2003

Se actualiza AUDITE a su versión 2.2 por resolución orgánica 5505 de Julio 30 de 2003. El Contralor General de la República, Antonio Hernández Gamarra, el Fiscal General de la Nación, Luis Camilo Osorio, y el Procurador General de la Nación, Edgardo Maya Villazón, suscribieron el 10 de febrero un convenio interinstitucional para que las tres entidades luchen conjuntamente contra la corrupción. El acuerdo propició la creación de un Grupo Élite Anticorrupción donde, en el ámbito de las competencias de cada entidad, se complementan acciones de investigación y sanción de conductas que afectan los intereses del Estado, como la indebida utilización de los recursos

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