BASES CONSTITUCIONALES DE LA TRIBUTACIÓN EN VENEZUELA: PRINCIPIOS DOCTRINALES Y TRIBUTARIOS

BASES CONSTITUCIONALES DE LA TRIBUTACIÓN EN VENEZUELA: PRINCIPIOS DOCTRINALES Y TRIBUTARIOS

El Estado venezolano está configurado bajo el mismo esquema de organización federal que siempre lo ha caracterizado, desde los primeros pasos constitucionales hasta los corrientes, de donde surgen una serie de principios constitucionales entre los que se encuentran los referidos a la tributación, en este sentido en la actualidad el sistema tributario tiene un objetivo preestablecido y común a muchos otros sistemas tributarios: sufragar los gastos del Estado a la vez que procurar la justa distribución de las cargas, la protección de la economía nacional y la elevación del nivel de vida de la población. A su vez, contiene un conjunto de elementos que como sistema, deben estar armónicamente relacionados para obtener aquellos propósitos que justifican todos ellos contemplados en las bases constitucionales de la tributación en Venezuela.

En este sentido, la fuente principal de los tributos es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde se encuentran establecidos los principios tributarios, en referencia a los principios Villegas (2008) señala que: “Representa un conjunto de valores que inspiran las normas escritas que organizan la vida de una sociedad concreta sometida a los poderes de una Autoridad, generalmente el Estado. La ley establece una obligación social, de forma coactiva y sancionadora, por tanto actúa como principio condicionante de la acción que limita la libertad de los individuos.” (p. 78), los principios tributarios están divididos en: Principios Constitucionales y Principios Doctrinarios.

En base a lo anterior, en referencia a los principios doctrinarios, inicialmente se encuentra la certeza que señala que el tributo debe estar establecido con todo lo relativo a éste lo más claro posible, para evitar las distintas interpretaciones de las Normas tributarias; oportunidad referido a que toda ley debe fijar un tiempo para su entrada en vigencia; economía este principio consagra los derechos individuales de la persona, razonabilidad, la garantía innominada de la razonabilidad, es decir, que la exigencia de que dicho tributo sea formalmente legal e intrínsecamente justo; Control Jurisdiccional, que es el conjunto de actividades realizadas por instituciones competentes para lograr, mediante sistemas y procedimientos diversos, la regularidad y corrección de la administración del Patrimonio Público, la seguridad jurídica, que es, la garantía dada al individuo por el Estado de modo que su persona, sus bienes y sus derechos no serán violentados o que, si esto último llegara a producirse, le serán asegurados por la sociedad, la protección y reparación de los mismos. En resumen, la seguridad jurídica es la «certeza del derecho» que tiene el individuo de modo que su situación jurídica no será modificada más que por procedimientos regulares y conductos legales establecidos, previa y debidamente publicados.

Finalmente, dentro de los principios doctrinales está la analogía que significa, proporción, semejanza, y en derecho, es el método por el que una norma jurídica se extiende, por identidad de razón, a casos no comprendidos en ella, mediante la analogía, un juez aplica una consecuencia jurídica a un supuesto de hecho distinto del que contempla, basándose en la semejanza entre un supuesto y otro (ratio). En ese caso, la propia ley legitima al juez para aplicar la analogía, y con ello poder basarse en un hecho parecido y proceder de la misma forma que el Derecho indica para ese hecho análogo. En este caso, el juez crea una norma nueva, por analogía con la otra.

En referencia a los principios Constitucionales, primeramente legalidad, que proviene del latín “Nullum

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