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“BENEFICIOS E INCENTIVOS TRIBUTARIOS PARA LA REDUCCION DE LA INFORMALIDAD DE LAS MYPES EN EL PERU”


Enviado por   •  31 de Agosto de 2016  •  Ensayo  •  7.037 Palabras (29 Páginas)  •  362 Visitas

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TEMA DE ENSAYO:

“BENEFICIOS E INCENTIVOS TRIBUTARIOS PARA LA REDUCCION DE LA INFORMALIDAD DE LAS MYPES EN EL PERU”

GRUPO: “LOS TRIBUTARISTAS”

INTEGRANTES:

  • Inés Farfán Maxi
  • Shirley Espinoza Quiño
  • Julio Cesar Ferro Durand
  • Edgar Meza Mescco
  • Maria del Carmen Bejar Hanko
  • Carmen Alvarez Garate


ÍNDICE DEL ENSAYO

  1. PROBLEMÁTICA DEL TEMA

  1. La informalidad en el Perú
  1. La Informalidad y el Estado
  2. La Informalidad y el Empresario
  3. La Informalidad y el Trabajador
  1. Diagnostico económico de la informalidad en el Perú
  2. Índices de formalidad e informalidad en el Perú
  3. Consecuencias de la informalidad en el Perú
  1. MEDIDAS DE REDUCCION DE LA INFORMALIDAD EN LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS – MYPE EN EL PERÚ
  1. Análisis Legal
  2. Análisis Doctrinario
  3. Análisis Jurisprudencial
  1. CONCLUSIÓN Y PROPUESTA
  1. Conclusión
  2. Propuesta

  1. PROBLEMÁTICA DEL TEMA
  1. LA INFORMALIDAD EN EL PERÚ

1.1.1.        LA INFORMALIDAD Y EL ESTADO

1.1.2.        LA INFORMALIDAD Y EL EMPRESARIO

1.1.3.        LA INFORMALIDAD Y EL TRABAJADOR

  1. ¿QUÉ ES LA INFORMALIDAD?

La informalidad es la forma distorsionada con la que una economía excesivamente reglamentada responde tanto a los choques que enfrenta como a su potencial de crecimiento.

  1. LA  INFORMALIDAD EN EL PERÚ

La legislación indica que las PyMES son, en general, aquellas que venden hasta un máximo de 2.300 UIT. Sin embargo, a pesar de su gran número, estas contribuyen con apenas 20% del valor agregado total no agrícola y con 8% de la recaudación del Impuesto a la Renta (IR). Sin embargo, emplean a más de 90% de la PEA privada no agrícola. Es decir, el problema central es su baja productividad.

  1.  LA INFORMALIDAD Y EL ESTADO

El Estado requiere de fondos económicos para realizar sus funciones propias y brindar servicios a la ciudadanía, lo cual se regirá conforme a la Ley de Presupuesto que elabora cada año. En donde se puede distinguir los ingresos fiscales corrientes (tributos por concepto de renta, IGV, ISC, importaciones, impuesto municipal y los ingresos no tributarios por concepto de contribuciones, donaciones y recursos propios), los ingresos de capital (regalías o rentabilidad de inversión en activos financieros) y el endeudamiento.

Siendo los ingresos fiscales los que constituyen la principal fuente de financiamiento para el Estado, es que una política coherente deberá promover la participación de los agentes económicos en el sector formal, sin olvidar que los potenciales beneficios económicos que el propietario pueda esperar para el futuro constituyen el principal incentivo que lo inducirá a realizar las inversiones necesarias y se arriesgará a participar dentro del esquema formal.

Los datos de nuestra economía revelan que la constitución informal de los negocios obedece a los excesivos costos de transacción que provocan un desperdicio injustificado de recursos que el empresario no estará dispuesto a perder, salvo que el Estado conceda beneficios que le permitan desenvolverse en mejores condiciones en el ámbito formal que en el informal. Por ello si el Estado busca incluir el sector informal en el marco legal, deberá estructurar un sistema atractivo que incentive a los grupos económicos a realizar una inversión mayor que, a largo plazo, genere retribuciones que le permitan una compensación económica equitativa apreciable en el estado de ganancias y pérdidas. Dicho análisis responde a una evaluación lógico – económica de los intereses de los sujetos en tanto buscan obtener mayores ventajas basándose en una razonable inversión de recursos.

  1.  LA INFORMALIDAD Y EL EMPRESARIO

Las teorías económicas clásicas distinguen dos elementos que caracterizan a la sociedad capitalista: el valor agregado y la inversión con expectativas de retorno en el mercado que permite la acumulación de riqueza. En este sentido, los agentes económicos inspirados por la ley económica advierten que resultan más productivos evadir los impuestos antes que contribuir con el sistema tributario pues además de ahorrarse costos fijos, el escaso control institucional los alienta a permanecer en condiciones de informalidad.

Al empresario no le interesa contribuir con el sistema tributario, pues su pago, además de significar un costo, no le significa la prestación de un servicio individualizado, ya que es distribuido de manera casi imperceptible entre todos los ciudadanos para la satisfacción de intereses colectivos o para cubrir gastos generales del Estado. Estos costos han sido denominados por Hernando de Soto como costos de acceso y de permanencia en el mercado; de los que se puede decir: i) Los costos tributarios como parte de la política fiscal constituyen una de las principales afectaciones al ingreso y permanencia de las empresas. ii) Los trámites burocráticos ante instituciones del Estado, consumen tiempo y dinero afectando la productividad del capital que los inversionistas no están dispuestos a sacrificar, optando por la informalidad.

  1.  LA INFORMALIDAD Y EL TRABAJADOR

Resulta innegable la importancia del capital humano reconocida por las teorías más actuales de la economía neocapitalista que han puesto al descubierto su trascendencia en el desarrollo de las empresas, en cuanto se traduce en beneficios objetivos, entendido como réditos monetarios.

El Estado peruano ha asumido un rol proteccionista respecto al capital humano de las empresas (trabajadores), estructurando marcos jurídicos que salvaguarden los derechos laborales, no obstante, habría que considerar en su regulación las expectativas del empresario.

La rigidez en la estabilidad y los costos ocasionados a los empleadores influyen en la eficacia real de este esquema de protección, en tanto surgen dos posibilidades: i) El empresario podrá aprovechar esquemas legales siempre y cuando le permitan abaratar costos, o, ii) Podrá optar por permanecer en la informalidad sometiendo a sus trabajadores al subempleo. Por eso resulta necesaria la intervención del Estado a través de políticas que generen incentivos a la formalización, teniendo en cuenta que la rigidez laboral incrementa la informalidad.

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