Bibliografia

RTÍCULO1o.- El Estado de Tlaxcala es parte integrante de los Estados Unidos Mexicanos, es libre y soberano en lo concerniente a su régimen interior.

ARTÍCULO2o.- La Soberanía del Estado reside esencial y originariamente en el pueblo y en nombre de éste la ejerce el Poder Público del modo y en los términos que establecen ésta Constitución y la Federal.

La soberanía estatal se manifiesta básicamente mediante el establecimiento del orden jurídico de su competencia y la elección y designación de sus propias Autoridades locales en los términos del Pacto Federal.

ARTÍCULO3º. En el Estado de Tlaxcala toda persona gozará de las garantías individuales y derechos sociales consignados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los que enunciativamente consagra esta Constitución:

I. A la identificación plena de su personalidad, contar con un nombre y dos apellidos; a ser respetado y privilegiar su dignidad. Nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes;

II. Las leyes tendrán carácter proteccionista en favor de las personas cultural, social o económicamente débiles;

III. Al ejercicio pleno de las libertades y derechos humanos, aún aquellos de carácter difuso;

IV. Al trato igualitario sin distinción de personas por razón de raza, sexo, edad, religión, ideología, filiación, preferencia sexual, pertenencia a minorías o lugar de nacimiento;

V. Nadie podrá ser condenado a la pena de muerte ni ejecutado. En todo procedimiento se excluirá la prueba obtenida ilegalmente.

VI. Los menores de edad tienen derecho a la protección física y psíquica. Podrán expresar su opinión libremente, la cual será tomada en cuenta en los asuntos que les afecten, en función de su edad y madurez. En todos los actos de autoridad relativos al menor, el interés superior de éstos constituirá una consideración primordial y se cuidará que las instituciones privadas también lo observen.

En el procedimiento de menores infractores se otorgará las mismas garantías que a los adultos y aquéllas que sean necesarias para lograr una rehabilitación más rápida y eficiente;

VII. De investigar, recibir y difundir hechos de interés público, salvo los casos previstos por la ley;

VIII. Los agraviados por los delitos serán tratados con dignidad y respeto, informados de sus derechos, oídos desde el inicio del procedimiento penal hasta la conclusión del mismo y notificados de los actos procesales. El Estado les brindará protección y seguridad;

IX. A la educación y al acceso a la formación profesional y continua.

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