Brasil, nuevo paraíso del narcotráfico

Brasil, nuevo paraíso del narcotráfico

Se convirtió en un refugio para traficantes prófugos y en una base de operaciones para los envíos a Europa y el lavado de dinero.

SAN PABLO.- La detención en San Pablo del narcotraficante colombiano Juan Carlos Ramírez Abadía disparó la alerta: Brasil puede haberse convertido en un lugar más importante de lo que se pensaba para el multimillonario negocio del tráfico de drogas.

Refugio para traficantes en fuga; enlace para la distribución de drogas hacia Europa; proveedor de químicos para la producción; base para el lavado de dinero y mercado para el consumo. En todos los aspectos del negocio del narcotráfico, Brasil está aumentando su protagonismo más rápidamente que los intentos de combate y fiscalización.

Ramírez Abadía, alias "Chupeta" o "Lollipop", gozó de más de dos años de anonimato en San Pablo. Pero lo que más parecía atraerle era la facilidad con la que había practicado la parte más importante del negocio: hacer legal el dinero sucio.

En apenas dos años, abrió 16 empresas que estaban funcionando a la vista de todos. Desde negocios de computadoras hasta concesionarias, desde estancias para el cultivo de peces hasta empresas de blindaje de automóviles y bodegas para la venta de bebidas.

"La intensidad de las operaciones del narcotráfico en Brasil creció. Siempre había sido un corredor de pasaje de la droga que va para Europa, y también un centro proveedor de químicos para el refinamiento de la coca. Pero ahora también sirve como base de refugio de traficantes y de operaciones de lavado", dice a LA NACION el ex juez y ex jefe de la Secretaría Nacional Antidrogas durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, Walter Maierovitch.

Según el especialista, que actualmente preside el Instituto Giovanni Falcone de Ciencias Criminales, la Argentina también sabe bien lo que ocurre cuando un país se convierte en una zona de tránsito de la droga. "El país se transforma también en un centro de consumo, porque los traficantes pagan con droga el transporte, la corrupción de agentes del Estado y todos los servicios que necesitan. Y esa droga queda en el país", afirma.

El jefe de la Coordinación General de Represión a las Drogas de la Policía Federal, comisario Julio Bortolatto, trazó a LA NACION un panorama: "Este es un país con dimensiones continentales, frontera con diez países, tres de los cuales son productores de cocaína (Colombia, Perú y Bolivia), frontera con Paraguay, que produce marihuana y también tiene un poco de cocaína; tenemos una frontera seca de 16.400 kilómetros y una costa marítima de 7000 kilómetros, puertos y aeropuertos con una logística enorme para transportar cargas y personas para todo el mundo, el mayor centro financiero de América latina en San Pablo y 190 millones de personas". ¿Qué quiere decir todo eso? "Que la fiscalización no es fácil", resume Bortolatto.

Fiscalización cero

Para Maierovitch, crítico de las políticas nacionales antidrogas, no es que la fiscalización no sea fácil, sino que es negligente. Durante el gobierno de Cardoso, recuerda, se creó el Consejo de Control de Actividades Financieras (COAF). "Durante el segundo mandato [1998-2002] se descubrieron 469 operaciones sospechosas de lavado de dinero, algo que en un país desarrollado se localizaría en 15 minutos -afirma el ex juez-. Ese consejo vigila loterías, bingos, piedras preciosas, bolsas, inmuebles y otros posibles negocios que sirven para el lavado. ¿Sabe cuántas de esas operaciones se convirtieron en condena? Dos".

Según él, con los productos químicos ocurre lo mismo. "Ni Colombia ni Perú ni Bolivia tienen plantas que produzcan los químicos necesarios para el refinado en laboratorios de la pasta base de cocaína (éter y acetona, entre otros). Brasil, en cambio,

...