CRÍTICA DE LA REFORMA EDUCATIVA

Las reformas educativas vaya gobierno

La capacidad de los funcionarios de la educación para establecer objetivos y metas, evaluar resultados y compensar desigualdades se debe a la gobernabilidad del sistema. En estos años de reformas se ha observado que el grado de gobernabilidad del sindicato nacional y los sistemas estatales de educación reflejan fortalezas, debilidades y tensiones que se viven al interior de éstos. Ejercer la autoridad educativa es una actividad compleja para las personas responsables en el gobierno federal y los estatales, pues esa actividad se ve afectada por condicionamientos y presiones, provenientes de distintos grupos de interés que funcionan con sus propias lógicas de acción.

En estas circunstancias, el gobierno del sistema educativo en todos los niveles de su gestión desde la SEP, las secretarías de educación en las entidades federativas, hasta la supervisión y dirección escolares enfrenta retos de distinta índole, los que hay que identificar para llevar a cabo una directriz eficiente y eficaz cuya orientación responda de manera plena a las necesidades de los grupos sociales.

Plantear la mejora de la educación desde la perspectiva del gobierno y el proceso de descentralización adquiere relevancia frente a una diversidad de situaciones como : el debilitamiento de autoritarismo en la sociedad y la política, la disminución e incluso pérdida de legitimidad de las decisiones centralizadas a favor de una escuela cercana a la comunidad, la insuficiencia de los esfuerzos por promover la participación de la sociedad en el quehacer educativo; y la confusión sobre el papel de la organización sindical en las decisiones exclusivas de la autoridad educativa.

Por todo ello, es preciso resaltar la necesidad de cuidar que exista equilibrio entre integración nacional, el desarrollo de los estados, regiones y comunidades a sí como la toma de decisiones en educación y el bienestar humano.

Es necesario una nueva relación de los poderes federales y estatales, así como una apertura de participación que la sociedad manifiesta en la escuela, el municipio, el estado y el país.

En otras palabras, las reformas deben atender la demanda social para el cumplimiento del derecho a la educación y la orientación de todos los recursos públicos y escolares. El sistema educativo nacional debe garantizar las condiciones materiales, laborales y políticas que favorezcan que los centros educativos puedan hacer su trabajo concentrando sus esfuerzos en una tarea específica: la formación de ciudadanos. Si lo anterior se efectúa podrán observarse los siguientes indicadores de transformación de la gestión:

La escuela funcionará de manera regular, dispondrá de los recursos materiales necesarios para su función social, y utilizará con eficacia y eficiencia el tiempo dedicado al aprendizaje. La escuela promoverá el desempeño profesional de sus docentes,

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