Cancun.

“Yo soy intocable. A ti nadie te va a creer”. Con estas palabras el empresario de origen libanés Kamel Nacif , llamado “rey de la mezclilla”, intentó intimidar a la periodista Lydia Cacho, quien en su libro Los demonios del Edén expone su participación cómplice en una red internacional de pederastia, de la que también forma parte el hombre de negocios libanés Jean Succar Kuri, encarcelado en Estados Unidos y luego extraditado a México.

La investigación de la periodista recoge los testimonios de las víctimas infantiles de Kuri —en particular la de Edith Encalada, quien fue objeto de humillaciones y chantajes (a la postre exitosos) por parte del empresario—, exponiendo de manera documentada la protección que estos empresarios recibieron por parte de figuras políticas en México. Cuando Lydia Cacho es secuestrada en Cancún por elementos policiacos y trasladada a la ciudad de Puebla, donde es hostigada a manera de escarmiento por las autoridades judiciales locales, se inicia una enorme movilización ciudadana que busca desenmascarar a los culpables.

La revelación en los medios nacionales de las grabaciones clandestinas de pláticas entre Kamel Nacif y el gobernador de Puebla, Mario Marín, en las que el primero agradece al funcionario su ayuda en la persecución y confinamiento de la periodista, se vuelve un escándalo nacional.

En su documental Los demonios del edén la realizadora Alejandra Islas refiere los pormenores del caso y recoge testimonios de los periodistas Carmen Aristegui y de Alfredo Jalife Rahme, quien analiza elmodus operandi de los empresarios involucrados y su influencia sobre políticos mexicanos, desde gobernadores hasta senadores, quienes les ofrecen impunidad a cambio de favores.

Esta radiografía de la corrupción política en México concluye sin embargo con una nota de esperanza, cuando la Suprema Corte Nacional de Justicia ordena investigar al gobernador Marín por su protección a empresarios acusados de pederastia y encubrimiento.

Hoy lo sabemos: el optimismo duró muy poco. Recientemente, el mismo organismo de justicia dictaminó que en el caso de Lydia Cacho las violaciones a sus derechos “no habían sido graves”. La impunidad prevalece y los demonios siguen sueltos. (Carlos Bonfil)

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