Confianza Legitima

En este artículo, más que dilucidar los problemas del derecho administrativo

como disciplina autónoma e independiente en el derecho colombiano, se

pretende proponer una salida jurídica a la problemática de la congestión en la

Jurisdicción Contencioso Administrativa colombiana; problemática que se

encuentra vigente y ha sido una constante desde su implementación en nuestro

país.

Con esta propuesta se pretende evidenciar las dificultades en materia de

seguridad jurídica y de igualdad ante la ley que genera para los ciudadanos la

congestión de la justicia administrativa, aún con la puesta en marcha de los

juzgados administrativos2 casi diez años después del mandato legal para la

implementación de éstos, y cómo afectan los cambios jurisprudenciales en el

tiempo a la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

En esta jurisdicción, la congestión conlleva una considerable demora para

resolver las controversias, lo cual trae consigo el hecho de que en la mayoría

de los casos, y en especial en acciones como la de reparación directa, nulidad

y restablecimiento del derecho, electoral, popular y de cumplimiento, al

momento de producirse el fallo ya la jurisprudencia ha cambiado -en ocasiones

de manera radical frente al tema que el ciudadano demanda-, lo que,

evidentemente, no le está permitiendo al administrado acceder a una sentencia

fundamentada en la confianza legítima ante la administración de justicia.

Se deja planteada, entonces, una propuesta según la cual se regule que los

cambios jurisprudenciales en la jurisdicción administrativa permitan su

aplicación hacia el futuro, y no afecten al momento de fallar los procesos que

ya venían en curso.

Si bien es cierto que el principio de confianza legítima se predica de manera

casi que exclusiva frente a la administración,3 también lo es que sería una

aplicación jurídica lógica que coadyuvaría a que el principio de acceso a la

administración de justicia y el derecho al debido proceso, al obtener una

sentencia de fondo a la vez justa para los ciudadanos, pueda tener una

aplicación real y efectiva en la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

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