Confianza Legitima

EL PRINCIPIO DE LA CONFIANZA LEGÍTIMA EN EL DERECHO URBANÍSTICO COLOMBIANO

El principio de la confianza legítima en Colombia, tiene sus orígenes en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, de la Corte Suprema de Justicia y en algunos Tribunales, pero hasta el momento no ha sido recogido por ninguna normatividad específicamente.

La Corte Constitucional se ha referido a este principio, como aquel que se deriva del principio de la buena fe (artículo 83 de la Constitución Política Colombiana), de los principios de seguridad jurídica (artículos 1º y 4º de la Constitución Política), en la prevalencia del interés general sobre el particular, el principio de la proporcionalidad, el principio democrático, y del respeto a los actos propios de la administración por los administrados y las relaciones impuestas entre ambos constitucionalmente.

El principio de la confianza legítima es un mecanismo que permite armonizar y conciliar casos en los que la administración en su condición de autoridad, por acción o por omisión ha creado expectativas favorables a los administrados y de forma abrupta elimina esas condiciones, para que gradualmente los sujetos implicados en una situación irregular ajusten su condición en el marco del ordenamiento jurídico y dentro del respeto de sus derechos fundamentales, buscándose con ello un equilibrio digno y consecuente con un Estado Social de Derecho.

Por lo tanto, con la aplicación del principio de la confianza legítima no se libera a la administración del deber de enderezar sus actos u omisiones irregulares, sino que le impone la obligación de hacerlo de manera tal que no se atropellen los derechos fundamentales de los asociados, para lo cual debe examinarse cautelosamente el impacto de su proceder y diseñar estrategias de solución.

Es así como la misma Corte Constitucional al invocar este principio, busca la protección del administrado frente a los cambios intempestivos en las decisiones tomadas por la administración, sin que con ello se refiera a que el ciudadano tiene ya unos derechos adquiridos.

Se ha dicho que el principio de la confianza legítima encuentra su fundamento constitucional en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, toda vez, que el Estado en función de la buena fe, debe proporcionarle a los afectados, tiempo y medios que les permitan adaptarse a las nuevas situaciones que se le presentan por la nueva decisión de la administración.

En la actualidad, vislumbramos la aplicación de este principio en algunos casos como:

- Los vendedores informales, donde se presentan conflictos entre el derecho al trabajo y la recuperación del espacio público.

- La protección del derecho a la vivienda, donde se presentan conflictos entre el derecho a la vivienda digna y la recuperación del espacio público.

- Los recuperadores ambientales, donde se presentan conflictos entre el derecho al trabajo, derecho a la familia y la satisfacción de las necesidades primarias de ellos y sus familias y el cerramiento de depósitos de basuras.

El principio de la confianza legítima es un mandato inspirado y retroalimentado por el principio de la buena fe, por el Estado Social de Derecho y por otros derechos y principios, que consiste en que la administración no puede repentinamente cambiar unas condiciones que directa o indirectamente permitía a los administrados ciertas situaciones, sin que se otorgue un período razonable de transición o una solución para los problemas derivados de su acción u omisión.

Por lo expuesto es importante la inclusión del Principio de la Confianza Legítima en la normatividad colombiana, pues de lo contrario perdería radicalmente su esencia.

Como se ha estudiado con anterioridad éste principio se aplicó por primera vez en un caso de recuperación del Espacio Público ocupado irregularmente por vendedores informales Sentencia T-225 a T-400 de 1992, y como en éste caso se aplicó este principio a muchos otros relacionados con el Espacio Público.

Pero tanta jurisprudencia sobre el Principio de la Confianza Legítima y su conexidad con el Principio de la Buena Fe, han hecho que su aplicación ya no sea únicamente en casos relacionados con el Espacio Público, sino como se ha visto en otras ramas del derecho como el financiero, tributario, penal, civil, y comercial, entre otros, motivo por el cual de continuarse como hasta ahora se generarían en mi concepto personal una inseguridad jurídica, porque se invocaría la protección de este principio en todas las ramas del derecho a cualquier caso, donde se quiera proteger el principio de

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