Contraloria Socila

Contraloría

Social

PUBLICACIÓN DEL MINISTERIO

DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

DIRECTORIO

Ministro de Comunicación e Información

Andrés Izarra

Viceministro de Estrategia Comunicacional

Yuri Pimentel

Viceministro de Gestión Comunicacional

William Castillo

Coordinación General

Senira Salazar

Director de Arte

José Luis Díaz Jiménez

Juan Carlos Pérez Escaño

Corrección

Germán Villegas

Dirección General de Prensa

Lenelina Delgado

Carlos Ibarra

María Isabel Cerón

Manuela Solé

Nely Gómez

e-mail: publicidad@mci.gov.ve

Febrero 2005

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CONTRALORÍA SOCIAL

PODER PARA EL PUEBLO

“Los electores y electoras tienen derecho a que sus representantes

rindan cuentas públicas, transparentes y periódicas sobre su gestión,

de acuerdo con el programa presentado”

Artículo 66

de la Constitución

Bolivariana de Venezuela

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Contraloría Social

l proceso de transformación social, económica y política

E que vive la República Bolivariana de Venezuela, acorde al

mandato establecido en la Constitución Nacional aprobada en 1999

por la Asamblea Constituyente y refrendada por el pueblo ese

mismo año, convoca la participación de todos los ciudadanos y ciu-

dadanas y obliga al conocimiento de los cambios planteados en la

patria grande que soñó Bolívar.

Estamos viviendo nuevas formas de relación entre el gobierno

y el pueblo. La Carta Magna sienta las bases de la democracia par-

ticipativa y protagónica y esto significa que ya los ciudadanos no

permanecen alejados de los asuntos públicos, práctica sana y con-

veniente para garantizar la marcha del estado en cualquiera de sus

competencias. Lo que está en juego es un nuevo trato entre el esta-

do y la sociedad: en lugar de relaciones marcadas por el paternalis-

mo y por las cúpulas partidistas, la gente pasa a ocupar un rol acti-

vo y directo en las actividades y decisiones que involucran su comu-

nidad, su municipio o su región.

Estamos hablando del control social necesario para que el ejer-

cicio de gobierno sea eficaz y productivo. Estamos hablando de la

profundización efectiva de los cambios que requiere el país, de ir

hacia el “salto adelante” que menciona el presidente Hugo Chávez

Frías.

Los derechos humanos es uno de los ejes transversales que nos

conducen al cumplimiento de lo que plantea la Constitución

Nacional y se concreta en su artículo 70: “Son medios de participa-

ción y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía, en lo

político: la elección de cargos públicos, el referendo, la consulta

popular, la revocatoria el mandato, las iniciativas legislativa, cons-

titucional y ciudadana cuyas decisiones serán de carácter vinculan-

te, entre otros; y en lo social y económico, las instancias de atención

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Poder para el pueblo

ciudadana, la autogestión, la cogestión, las cooperativas en todas

sus formas incluyendo las de carácter financiero, las cajas de aho-

rro, la empresa comunitaria y demás formas asociativas guiadas por

los valores de la mutua cooperación y la solidaridad. La ley estable-

cerá las condiciones para el efectivo funcionamiento de los medios

de participación previstos en este artículo”.

Otro de los ejes es la participación ciudadana como núcleo vital

del proyecto bolivariano. Sobre esta base surge la propuesta de la

Contraloría Social para todo lo vinculado con el control, vigilancia

y supervisión de las obras servicios y programas sociales que se eje-

cuten a través de los órganos de la administración pública, específi-

camente en las áreas de competencia del municipio.

El tema no es novedad. Sobre el mismo se discute y se buscan

alternativas en países México, Nicaragua, Cuba, Honduras, Perú,

Chile Ecuador, San Salvador, España, Alemania, etc. En Venezuela,

desde hace muchos años las organizaciones comunitarias solicitan

el ejercicio del control social: ante los niveles de incompetencia de

los organismos públicos es necesario crear una nueva cultura políti-

ca.

SIGNIFICADO Y TRASCENDENCIA

uando hablamos de participación ciudadana estamos señalando

C caminos diferentes a los transitados. La participación ciudada-

na es definida como el derecho de los ciudadanos de intervenir en la vigi-

lancia, seguimiento y monitoreo de la gestión pública, a fin de que se veri-

fiquen los principios de transparencia, eficiencia, eficacia, equidad, serie-

dad, cumplimiento y calidad, de manera que se prevenga la comisión

de actos de corrupción, permitiendo -desde la sociedad civil- generar un

proceso de control a la gestión de lo público, es decir, a lo que nos perte-

nece, lo que es de todos y lo que nos involucra a todos.

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Contraloría Social

También podríamos decir que es el conjunto de acciones de con-

trol, vigilancia y evaluación que realizan las personas, de manera

organizada o independiente, en un modelo de derechos y compromi-

sos ciudadanos, con el propósito de contribuir a que la gestión

gubernamental y el manejo de los recursos públicos se realicen en

términos de transparencia, eficacia, legalidad y honradez, así como

para exigir la rendición de cuentas a sus gobernantes.

De una u otra manera, los constituyentistas encargados de la

redacción de la Constitución de 1999 tomaron en consideración las

peticiones y sugerencias de los ciudadanos y sentaron las bases de

lo que sería la Contraloría Social en nuestro país. Su necesidad

tomó cuerpo en el país a pesar de la resistencia que aún existe en

algunos sectores. La gente se organiza en comités de contraloría que

toman como bandera el artículo

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