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LAS GARANTÍAS JURISDICCIONALES

Ante la imperatividad del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de contar con Jueces independientes, derecho fundamental que tiene a su favor tanto los juzgadores como la sociedad, resulta obligado fortalecer a los órganos encargados de la impartición de justicia mediante el otorgamiento de una serie de atribuciones y prerrogativas.

Los órdenes jurídicos modernos han establecido una categoría que se conoce como “garantías jurisdiccionales”, basadas en el derecho de acceso a la justicia, las cuales tienen como objetivo garantizar y preservar la calidad y efectividad de la impartición de justicia. Tales prerrogativas y seguridades conferidas a los titulares de altos órganos jurisdiccionales tienen el carácter de instrumentales.

La palabra “jurisdicción” deriva de iurisdictio, onis, que significa “poder o autoridad que tiene alguien para gobernar y poner en ejecución las leyes o para aplicarlas en juicio”, así como ius “derecho” y dicere “proclamar”, declarar”decir”. Conforme a lo anterior, por jurisdicción se entiende “autoridad o potestad para decir el derecho”, pero en el terreno procesal implica la facultad del Estado para dirimir litigios de trascendencia jurídica, a través de algunos de sus órganos o de árbitros, aplicando normas jurídicas e individualizadas.

Formalmente, la jurisdicción se reduce a la consideración de los supuestos abstractos, generales e impersonales respecto de una situación o conducta especifica, a fin de determinar:

1) Si tal situación o conducta se encuentra significada jurídicamente

2) Qué carácter tiene esa situación o conducta (derecho, obligación, acto ilícito o facultad)

3) Que consecuencias jurídicas le corresponden

4) La existencia o no de un acto ilícito

5) La realización del correspondiente acto coactivo

Puede hablarse de 6 tipos de jurisdicción:

1) Voluntaria y contenciosa: la jurisdicción voluntaria ocurre cuando no hay una controversia a resolver, al contrario de la contenciosa, donde necesariamente debe haberla.

2) Federal, local y concurrente: esta es función del nivel de gobierno al que pertenezcan los órganos jurisdiccionales.

3) Propia y delegada: la propia o retenida la concede la ley a los órganos jurisdiccionales, a través de disposiciones en las que se establece exactamente cuál es su jurisdicción; en cambio, la delegada entraña que un órgano con jurisdicción propia delegue parte de esta en otro órgano.

4) Judicial y arbitral: la primera es la que corresponde a los juzgadores de los Poderes Judiciales de la Federación, de los Estados y del Distrito Federal. En cuanto a la arbitral, la tienen los integrantes de órganos públicos o privados que desempeñan labores de arbitraje.

5) Ordinaria, especial y excepcional: por último, la jurisdicción excepcional se relaciona con lo dispuesto por el artículo 13 Constitucional, que prevé la improcedencia de procesos sustanciados ante tribunales especiales.

6) Constitucional: corresponde a los órganos especializados en resolver asuntos derivados de la interpretación y aplicación de los preceptos constitucionales.

LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL

La función jurisdiccional puede conceptuarse como la actividad estatal encaminada a hacer valer, en los casos particulares, el ordenamiento jurídico, resolviendo las contiendas suscitadas entre las personas para evitar que estas se hagan justicia por propia mano. Los jueces, encargados de esta función, son necesarios en todo sistema jurídico. En este sentido se expresa el artículo 17 constitucional que, además de prohibir que cada cual se haga justicia por cuenta propia, establece:

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expedidos para impartir en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, que dando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.

Por tanto, el acceso a la justicia es un derecho púbico subjetivo del gobernado que se traduce en el deber estatal de cumplir con la función jurisdiccional que lo garantice, creando para ello tribunales que se encuentren expedidos para impartir justicia de manera imparcial y gratuita, en los términos y plazos fijados en la ley.

A. La independencia como principal garantía de la función jurisdiccional

La palabra independencia significa cualidad o condición de independiente; judicial deriva del latín iudicialis y significa perteneciente o relativo al juicio a la administración de justicia o a la judicatura.

Desde el punto de vista institucional estructural, la independencia judicial se dirige a lograr un Poder autónomo y libre de injerencias en su actividad, de modo que pueda erigirse como control de principio de división de poderes. En efecto, la independencia de los tribunales implica que estos se encuentran sujetos únicamente a la Constitución y a las leyes, por lo que ni los órganos o funcionarios del Estado y menos aun los particulares, pueden influir en el sentido de sus fallos.

Los artículos 17, 100 y 116 de la Constitución Federal determinan, específicamente, que el proceder de los integrantes del Poder Judicial de la Federación, así como el de los miembros de los Poderes Judiciales locales, se cina a los principios de independencia, imparcialidad, objetividad, profesionalismo y excelencia, a fin de satisfacer las expectativas sociales de impartición de justicia.

La jurisprudencia ha destacado que la independencia judicial es un requisito para el debido funcionamiento del apartado judicial del estado; se logra en virtud de las “garantías judiciales”, serie de previsiones tendientes a mantener la incorruptibilidad de los órganos de impartición de justicia.

1. Independencia funcional e independencia como garantía

La primera alude a una regla básica de cualquier ordenamiento, en cuya virtud el Juez, al ejercer su función, debe someterse únicamente a la legalidad. Por el contrario, la independencia judicial como garantía implica en conjunto de mecanismos encargados de salvaguardar y realizar ese valor.

La independencia como garantía debe valorarse y entenderse en función de los rasgos definitivos que le otorga el ordenamiento jurídico en particular, y que se relacionan con otros factores como la forma de gobierno y el modelo global de organización judicial.

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