EL JUEZ EN EL NUEVO SISTEMA PENAL

La reforma constitucional al sistema de justicia penal, aprobada por el Congreso de la Unión y ratificada por las legislaturas locales, da un vuelco de 180 grados a nuestro sistema penal, que databa de 1917.

Una parte de esta reforma —la relacionada con las medidas para combatir la delincuencia organizada— entrará en vigor según se vayan promulgando las distintas leyes secundarias. La otra —la que establece en México el sistema acusatorio—, lo hará en un plazo que no exceda los ocho años.

Este plazo, que en principio pudiera parecer largo, es necesario para su instrumentación. Después de todo, la reforma implicará modificaciones a distintas leyes. En algunos casos, se crearán nuevas figuras. Los jueces de control y de ejecución de sentencias, será necesario hacer un enorme esfuerzo para capacitar a los jueces, agentes del Ministerio Público, policías, defensores de oficio, peritos y abogados, ya que las reglas del proceso penal serán muy distintas a las que existen hoy. El buen éxito de la reforma exigirá un cambio de mentalidad en la sociedad civil en su conjunto.

El Poder Judicial de la Federación y los tribunales superiores de justicia de los estados deberán tener jueces de control. La función de este juez no sólo será asegurarse de que no se vulneren los derechos de las personas que intervienen en el procedimiento penal (ya sean víctimas, testigos o inculpados), sino verificar la legalidad de las actuaciones de todos los que intervengan en el proceso penal, hasta antes del juicio.

Asimismo, los jueces de control estarán facultados para autorizar, de manera inmediata, a solicitud del Ministerio Público, medidas que puedan restringir los derechos del inculpado con motivo de la investigación. Por ejemplo, si existen indicios de que en un domicilio se ocultan armas reservadas para uso exclusivo del ejército, el agente del Ministerio Público podrá solicitar —vía telefónica o correo electrónico— una orden del juez para ingresar a dicho domicilio. Esto evitará los trámites burocráticos, que tan útiles resultan a la delincuencia y le permiten actuar con tanta rapidez. Deberá existir registro confiable de todas las solicitudes y comunicaciones entre el Ministerio Público y el juez.

Los jueces de control podrán realizar la supervisión judicial de los convenios conciliatorios a que lleguen las partes en un proceso de justicia alternativo y, en los casos de procedimientos abreviados, serán quienes dicten sentencia. Todo esto los convertirá en protagonistas indispensables del nuevo sistema de justicia penal.

La imposición de las penas, su modificación y duración, corresponderá, en todos los casos, a la autoridad judicial. Hasta ahora, la ley concedía facultades a las autoridades administrativas para otorgar la libertad anticipada a los sentenciados que, estando en la cárcel, hubieren cumplido con determinados requisitos.

Esto provocaba que

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