ENSAYO DEL PROYECTO INTEGRADOR

ENSAYO DEL PROYECTO INTEGRADOR

    Como primero, este proyecto  está basado en una confrontación jurídica entre los legisladores Colombianos y algunos sectores de la sociedad que reclaman con urgencia una reforma al sistema de responsabilidad penal de infantes y adolescentes, ya que es un problema que  concierne al estado colombiano como garante de los derechos de las víctimas de estos crímenes cometidos por menores de edad, como también de los menores victimarios a quienes el mismo estado está en la obligación de regular sus conductas delictivas por medio de normas basadas en el derecho, tanto de las víctimas como de los victimarios.

Por lo cual nos hemos dado a la tarea de estudiar y analizar las leyes creadas en junio del 2006 para la infancia y la adolescencia, las cuales fueron impulsadas por algunas ONG y algunos parlamentarios, entre ellos el actual presidente del Parlamento Andino, Héctor Elí Rojas, y hemos encontrado que dichas normas fueron más bien creadas, como ya lo dijimos en nuestro trabajo, Para “proteger” al delincuente juvenil que para corregir sus conductas delictivas.

Por otro lado, con este tipo de normas establecidas en esta ley se le violan los derechos a las víctimas de estos menores infractores quienes miran impotentes como estas leyes no permiten que se haga justicia a favor de las víctimas sino de los victimarios.

Nuestro punto de vista frente a los artículos 21 y 142 es que deben ser derogados, obligando de esta manera a reformar este código que desde nuestra óptica es obsoleto e ineficaz. Los artículos mencionados anteriormente son inconstitucionales, ya que el artículo 11 de la constitución política de Colombia, declara como inalienable el derecho a la vida, sin embargo, cuando un menor de edad asesina una persona, según estos artículos del código de la infancia y la adolescencia, no puede ser juzgado ni privado de su libertad, de esta manera, los “derechos” del asesino juvenil están por encima del derecho a la vida, ya que no se castiga al infractor como lo establece el código penal colombiano.

Tales artículos contemplan las siguientes normas: Artículo 21 del código de la infancia y de la adolescencia " Los niños, las niñas y los adolescentes no podrán ser detenidos ni privados de su libertad, salvo por las causas y con arreglo a los procedimientos previamente definidos en el presente Código”

Artículo 142 "Las personas menores de catorce (14) años, no serán juzgadas ni declaradas responsables penalmente, ni privadas de libertad, bajo denuncia o sindicación de haber cometido una conducta punible "

Si nuestra constitución es norma de normas y en su artículo 11 declara: "El derecho a la vida es inviolable” ¿Qué es lo que prima realmente en nuestro? ¿Los derechos de los delincuentes juveniles, o el derecho de la víctima a la vida”        

 El estado debe trabajar por brindar a todos los niños la educación ya que esta es la base para la construcción de un proyecto de vida, además debe brindar las herramientas necesarias para el bienestar de la familia como base fundamental de la sociedad.

Se entiende que la mayoría de estos delincuentes juveniles provienen de hogares disfuncionales y que por tal motivo el estado debe proveer una política seria de protección,  prioridades y oportunidades a las madres cabezas de familia, para evitar que mientras ellas trabajan extensos jornadas laborales, no se dediquen a la delincuencia sino al estudio.

Esta gran problemática social, representa una de las deficiencias del estado, faltando a los principios de la constitución, en donde solo priman los intereses individuales por encima de los generales, y la corrupción se ha apropiado de los dineros que nosotros pagamos para la construcción de un mejor país. También mostrando con esto la falta de interés de los ciudadanos para lograr que el estado cumpla con sus deberes, somos un estado social de derecho y la base primordial del mismo.

 Por otro lado, se puedo evidenciar  en las entrevistas la variedad de opiniones sobre el tema además de que la  senadora Gilma Jiménez del partido verde quien es conocida como una férrea defensora de los derechos de los niños, es partidaria de revisar y reformar el código de la infancia y la adolescencia para que los menores delincuentes respondan como adultos por sus delitos cometidos y sean confinados en cárceles privados de la libertad donde paguen las penas impuestas por la justicia colombiana, lo que nos dice que no es una vulneración a los derechos de los niños, sino algo justo que debe reformarse por el bienestar de la sociedad.

Reforma al Régimen Penitenciario.

Como se ha demostrado a lo largo de esta investigación hecha, la política penitenciaria en Colombia, no solamente la creada para los menores infractores, sino también la que rige para los adultos, carece de instalaciones adecuadas para que, en nuestro caso, los menores de edad paguen por sus delitos cometidos, pero que también genere una posibilidad de reintegro a la vida social.

Por otro lado, los sistemas de seguridad que controlan la entrada de las visitas de los internos son obsoletos y poco confiables, ya que muchos de los familiares que ingresan en los días de visita, introducen drogas, celulares y hasta armas para que desde allí se continúe delinquiendo.

Estos focos de corrupción y la deficiencia de los sistemas de control penitenciario contribuyen a la misma violencia y a un estado de tensión entre los internos que se disputan el “control” del mercado “penitenciario” de las drogas, la venta ilegal de minutos por celular, desde donde muchas veces extorsionan a sus víctimas, porque tampoco existen bloqueadores de señal satelital en estos centros para evitar este tipo de delincuencia desde dentro de estos centros carcelarios.

A este fenómeno hay que añadirle la corrupción de algunos guardias penitenciarios que se prestan para introducir drogas, armas, celulares y licores al interior de estos centros carcelarios por que no existe un sistema avanzado de cámaras de vigilancia ni de detectores de metales que eviten este mercado negro de productos utilizados para delinquir desde las cárceles.

Los menores, por su parte, ni siquiera cuentan con un sistema de detención seguro, ya que estos infractores que son conducidos a estos lugares de reclusión, pueden fugarse con la mayor facilidad, debido a que estos centros son creados no para pagar penas sino para pasar “vacaciones”, pues recordemos que las leyes colombianas para la infancia y la adolescencia no permite que estos menores sean privados de la libertad, sino que se les brinde, según la ley “protección” en un lugar denominado como “centro de rehabilitación”

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