Economia Nicaraguense

INTRODUCCION

Las últimas décadas de la historia nicaragüense, se caracterizan por una serie de conflictos sociales y políticos. Como consecuencia de la violencia social, en la actualidad Nicaragua es un país muy pobre y altamente endeudado, con una economía muy pequeña. Sin embargo, durante los últimos diez años se han venido dando progresos importantes en los ámbitos económico, político y social.

El proceso de pacificación y el regreso a la democracia a inicios de 1990, dio paso a una profunda reforma del Estado y el sistema económico de Nicaragua. Los diferentes regímenes siguieron la tendencia latinoamericana e implementaron políticas económicas con la finalidad de lograr una economía abierta de libre mercado, dejando atrás los muchos años de intervención estatal y protección a la industria nacional.

En Nicaragua no se han implementado programas en materia de competencia, por lo tanto, este país no cuenta con un marco legal e institucional adecuado ni una agencia que fomente eficientemente la competencia en el mercado. A raíz de este contexto, se ha podido observar mercados poco competitivos.

La existencia de un Estado burocrático y a veces discrecional, el cual además tiene una excesiva participación en el mercado, dificulta la actividad privada y el acceso al mercado. Las barreras a la entrada son altas, este factor desincentiva a la inversión tanto nacional como extranjera.

Las entidades reguladoras son débiles, no existen los instrumentos y mecanismos gubernamentales orientados a velar por el bienestar del consumidor. Por lo tanto, el Estado Nicaragüense no está preparado para enfrentar los nuevos retos que implica regular una economía de libre mercado.

Los gobiernos de las últimas dos décadas dejaron como legado un gran número de empresas descapitalizadas que se acostumbraron a la protección del Estado, generando de esta manera, una cultura rentista empresarial. El resultado, es que hoy en un mercado globalizado la mayoría de las empresas nicaragüenses no son competitivas y no se encuentran en la capacidad de competir en un mundo globalizado.

Por su parte, existe una escasa cultura de defensa de derechos al consumidor: a la fecha no se ha cerrado ningún establecimiento ni se han impuesto multas importantes para proteger los derechos del consumidor. Asimismo, el sistema judicial es percibido como corrupto, politizado y por ende impredecible. Existe una polarización política a nivel legislativo y limitados mecanismos de transparencia y accionar politico.

Se necesitan ley, políticas y agencia de competencia, de la mano con ley y mecanismos vinculantes de acceso al mercado, que reditúen en beneficio del consumidor. Pero sobre todo, se requiere generar consensos y demanda entre los diversos actores económicos para promover la aprobación de un marco legal e institucional de competencia. Todo ello debe ser implementado desde una perspectiva per se que restrinja la discrecionalidad gubernamental. Finalmente, dado el tamaño de la economía, el control de estructuras (fusiones y adquisiciones) debe ser realizado a nivel regional.

DESARROLLO

VIOLETA BARRIOS.

La situación al principio de la Administración Barrios de Chamorro

A inicios de 1990, las condiciones económicas y sociales de Nicaragua eran más que inciertas. Después que el gobierno sandinista aplicara sucesivos programas de estabilización, que no contaron con el flujo de recursos externos necesarios para su sostenimiento, la situación económica era muy crítica. El ajuste y la estabilización sandinista de fines de los ochentas, fueron netamente recesivos y, sin recursos externos, ineficaces para eliminar la hiperinflación y los desequilibrios globales de la economía, tanto de la brecha interna como externa.

La situación se caracterizaba por una declinación de la producción, la ampliación de la brecha externa, y graves desequilibrios fiscales y financieros, que se conjugaban con fuertes distorsiones de los precios relativos, en un ambiente hiperinflacionario.

A inicios de 1990, la deuda externa tenía un monto de US$8,064 millones de dólares, mientras que los intereses moratorios capitalizados ascendían a US$1,851 millones, o sea una relación percápita de US$2,697. El déficit corriente en la balanza de pagos, persistía a niveles superiores de los US$500 millones, y el volumen de exportaciones de bienes y servicios, era similar al del año de 1966, en un contexto de pérdida del poder de compra de las exportaciones del país.

A nivel social, se estaba ante un serio deterioro de las condiciones de vida de la población. El producto interno bruto percápita a inicios de 1990 era similar al registrado en 1945, US$487 dólares constantes de 1980. Según la encuesta socioeconómica de 1985, el 86% de la población rural y el 55% de la urbana, no satisfacían sus necesidades básicas elementales. El 16% de la población estaba en la indigencia y miseria, 23% de la población se encontraba en situación de extrema pobreza, y en situación de pobreza el 31% . Es decir, que el 70% de la población estaba bajo la línea de pobreza. Ello implicaba, desde entonces, que cualquier programa de combate a la pobreza no podía ser focalizado, sino que debía ser articulado a toda la política global y con carácter nacional.

Los problemas más relevantes a enfrentar se derivaban de la situación de posguerra heredada, en la cual se tenía que dar respuesta inmediata a aproximadamente el 29% de la población directamente afectada por la guerra. Esto abarcaba a 600 mil personas, desplazados de guerra, repatriados y refugiados, como a 10 mil discapacitados de guerra y 500 mil niños entre huérfanos por la guerra, niños de la calle y menores transgresores, en circunstancias difíciles.

Por otro lado, se enfrentaba el problema de reactivar la producción y en especial la oferta de alimentos, tanto para corregir los graves desajustes en el mercado de trabajo, como para mejorar los niveles nutricionales de una población que consumía un 28% menos de calorías que las recomendadas. Hay que recordar que el grado de subutilización de la fuerza de trabajo en esa época era de casi el 40% en relación a la población económicamente activa (PEA), con una tasa de desempleo abierto entre el 8 y 9% de la PEA.

Finalmente, estaba el reto de reforzar la democratización de la economía, fortaleciendo el proceso de reforma agraria iniciado por el gobierno anterior, como al sector mayoritario de productores del país, la pequeña y mediana producción agrícola e industrial.

Dada la situación en que se encontraba el país y su estructura económica - una pequeña economía abierta financieramente

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