Educación, Camino único

Educación, camino único

Josefina Z. Vázquez

En un punto estaban todos de acuerdo: para satisfacer su vehemente deseo de ponerse al día a la par de los pueblos anglosajones industriosos y liberales o de los cultos franceses, había que educar al pueblo. Este anhelo, uno de los más constantes en nuestra historia, no apareció con la independencia. Ya en el siglo XVIII el pensamiento ilustrado mexicano había empezado a considerar la educación como medio para mejorar la sociedad, consecuencia lógica de la fe en la racionalidad esencial del hombre. Clavijero mismo, al defender a los indios de los ataques de la época, se daba cuenta de que su aparente inferioridad no era sino falta de educación.

Las almas de los mexicanos en nada son inferiores a las de los europeos: que son capaces de todas las ciencias, aún las más abstractas, y que si seriamente se cuidara de su educación, si los niños se creasen en seminarios bajo buenos maestros y se protegieran y alentaran con premios, se verían entre los americanos, filósofos, matemáticos y teólogos que pudieran competir con los más famosos de Europa.

Para el momento de la independencia la urgencia de la educación del pueblo estaba en la mente de todos los hombres conscientes, como lo prueban las memorias presentadas por los mexicanos ante las Cortes de Cádiz y los escritos del Pensador Mexicano. Ramos Arizpe, en su Memoria ante las Cortes de Cádiz consideraba que la educación es la base de la felicidad general. La educación pública es uno de los deberes de todo gobierno ilustrado y sólo los déspotas y tiranos sostienen la ignorancia de los pueblos para más fácilmente abusar de sus derechos.

La misma Constitución expedida por las Cortes de Cádiz en 1812 (jurada en la Nueva España en septiembre y más tarde suspendida y restablecida dos veces) dejaba en manos de los ayuntamientos el cuidado de las escuelas elementales y señalaba como una de las obligaciones de las diputaciones promover la educación.

En el artículo 366 del título IX, expresaba: “En todos los pueblos de la Monarquía se establecerán escuelas de primeras letras, en las que se enseñará a los niños a leer, escribir y contar el catecismo de la religión católica que comprenderá también una breve exposición de las obligaciones civiles, para que resulten mejoras muy considerables en un objeto de la mayor importancia y primera obligación del gobierno no ilustrado... la Junta Superior de las diputaciones de las provincias, las municipalidades y aun el consulado, es de esperar fomenten de todos modos los establecimientos de escuelas públicas, para la educación e ilustración de aquellos pueblos, que debe ser la base de la primera de la felicidad general".

No sólo se establecía una instrucción cívica, sino también la uniformidad de la enseñanza en todo el reino. Bajo el influjo de la invasión napoleónica y de la Revolución francesa, declaraba asimismo obligación fundamental de los españoles el "amor a la patria" y, por tanto, su defensa con las armas. En las colonias operaban influencias semejantes; notable, sobre todo, era el uso del folleto y del periódico a favor del movimiento independentista, que trataba de educar al pueblo en las nuevas ideas y despertar nuevas lealtades.

Los dos empeños, el de la educación y el del estímulo del sentimiento nacional están presentes, aunque vagamente, en los "Sentimientos de la Nación" de Morelos: “Que como la buena leyes superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia, y de tal suerte se aumente el jornal del pobre, que mejore sus costumbres, aleje la ignorancia, la rapiña y el hurto”.

El mismo espíritu prevalece en la Constitución de Apatzingán en su artículo 39: "la instrucción, como necesaria a todos los ciudadanos, debe ser favorecida por la sociedad con todo su poder". Y en el artículo 117 señala, como atribución del Supremo Congreso, "cuidar con singular esmero la ilustración de los pueblos".

De cualquier forma, la Constitución de 1812 estuvo en vigor solamente durante cortos periodos, y la de Apatzingán careció de vigencia; por tanto, no tienen más valor que como antecedentes ideológicos del programa de los futuros partidos políticos. El mismo papel tiene un decreto sobre educación promulgado por las Cortes en junio de 1821, que no llegó a entrar en vigor en Nueva España, pero que influyó grandemente durante largo tiempo, ya que mexicanos ilustres como Ramos Arizpe habían participado en su redacción.

Durante gran parte del siglo XIX, por la anarquía, las guerras internacionales y la falta de fondos, la acción en el ramo educativo consistiría en una lucha de promulgación y derogación de leyes, según el partido que se encontraba en el poder. Lo importante es que, tanto los liberales como los conservadores, van a tener conciencia de la importancia de la educación en su doble valor: como instrumento de mejoramiento material del país y como modelador de ciudadanos leales. Durante la primera etapa esta función se intuye y en realidad no llega a usarse en toda su fuerza hasta las últimas décadas del siglo XIX. Esto no es sólo consecuencia de la falta de medios sino de que no existe todavía un sentimiento nacional generalizado, patrimonio sólo de un grupo pequeño.

Lograda la independencia, los dos primeros documentos que rigieron a la nación, el Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba, no mencionaban el problema educativo. La preocupación aparece por primera vez en el Proyecto del Reglamento

Provisional del Imperio Mexicano del 18 de diciembre de 1822, en donde se reconocía la necesidad de que los establecimientos de instrucción estuvieran en consonancia "con el actual sistema político".

Fracasado el Imperio, el Plan de la Constitución Política de la Nación que redactaron José del Valle, el Padre Mier y Lorenzo de Zavala (13 de mayo de 1823), fijaba las bases por medio de las cuales se controlaría la educación. En la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824 quedó sólo como potestad del gobierno, a través del Congreso, establecer toda clase de instituciones educativas. Se declaraba que el mismo derecho tendrían los congresos estatales, pero no se especificaba nada acerca de la educación elemental que prácticamente quedó libre. De ahí que tanto por falta de recursos que impedía toda acción estatal, como por su organización eficiente, este renglón quedase en manos de la Compañía Lancasteriana, fundada en México el 22 de febrero de 1822 y la cual con ayudas federales y estatales, debía fundar en el país escuelas elementales y normales. Prácticamente fue el único vehículo de la expansión de la educación, por cuya razón

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