El Arbitraje Y Los Tratados De Protección De Inversiones

La mundialización económica y social actual encuentra un ejemplo paradigmático en el cada vez mayor incremento de los flujos de inversión directa extranjera, que hoy se dirigen no sólo a los países menos desarrollados sino incluso, podemos decir, hasta a cualquier punto del planeta.

La razón fundamental para ello se debe a las ventajas que se derivan para las partes implicadas: por una parte, los inversores extranjeros que intentan lograr los mayores beneficios económicos al traspasar sus fronteras nacionales y, por otro lado, los Estados receptores de dichas inversiones que ven en las mismas un medio para conseguir un mayor desarrollo de su economía nacional.

Sin embargo, al poner en marcha su inversión, los inversores extranjeros han de ser conscientes de que cuando invierten más allá de las fronteras de su propio país no sólo existen posibilidades de lograr mayores beneficios económicos sino que al mismo tiempo, se pueden ver enfrentados a una serie de riesgos que pueden poner en peligro el éxito de su inversión. En principio, son dos tipos de riesgos de muy distinta naturaleza los que deben de soportar. En primer lugar, se puede hablar de los típicos «riesgos económicos», pues todo proyecto inversor, y éste no es una excepción, está sometido a los vaivenes y circunstancias del propio mercado que pueden provocar pérdidas económicas en la inversión. En segundo lugar, junto a las causas puramente económicas o empresariales de todo negocio, el valor de una inversión puede disminuir por los denominados «riesgos políticos», entendiendo por éstos, aquellos que tienen su causa en la actuación o en la inacción de las autoridades del Estado receptor de la inversión. Dentro de este concepto amplio de «riesgo político» hemos de incluir el denominado «riesgo regulatorio» que supone una alteración por parte de los poderes públicos del régimen jurídico aplicable a una inversión, provocando un perjuicio al inversor que verá como disminuye el valor de aquella como consecuencia de dicho cambio, pero igualmente caben la expropiación o nacionalización de los bienes hasta los casos de terrorismo o sabotaje de las instalaciones.

La inversión extranjera se inicia con una idea de mantener una relación estable, duradera y amistosa con las autoridades públicas del Estado receptor de la inversión. Sin embargo, también hemos de ser conscientes que las actuaciones de las dos partes implicadas no se guían por los mismos parámetros. En especial, mientras que la actuación empresarial va encaminada a maximizar sus beneficios, la actuación gubernamental se ve influenciada por factores no sólo económicos, sino también políticos y sociales. Ello implica que la aparición de «riesgos políticos» para las inversiones extranjeras sea siempre un peligro latente. Y ello conduce necesariamente a la existencia de una serie de coberturas para salvaguardar los intereses económicos de los inversores

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