El Archivista en la Administración Pública

“EL ARCHIVISTA EN LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA”

Derechos:

Todo archivista debe de tener dentro de esta tarea encomendada un reconocimiento a su desempeño profesional, contar con una confianza por parte de los diferentes mandos y el apoyo de la organización para el desarrollo de sus funciones desarrollando proyectos de información.

Sólo así podrá colaborar profesionalmente acorde con los objetivos, la identidad y los valores dentro de los estándares de una organización para el buen funcionamiento y desarrollo de esta.

Podríamos decir que esto para el archivista es de gran importancia para poder conocer los indicadores de la institución u organización para asi poder ser evaluado su desempeño.

Obligaciones:

Dirigir, coordinar y controlar la organización y el funcionamiento del archivo, para custodiar y organizar la documentación, con la finalidad de facilitar la consulta al propio organismo que la ha generado y también a todos los ciudadanos, de acuerdo con la normativa de accesibilidad a la documentación.

Este ciertamente debe necesariamente incluir ciertas habilidades, competencias y actitudes. Deberá demostrar profesionalismo en el desempeño de sus funciones, mantener un nivel óptimo de calidad en el trabajo y conservar una actitud altamente orientada al servicio.

Por otra parte es importante mantener una comunicación e interacción con los demás organismos. El archivista protege la integridad del material archivístico y así garantizar que éste continúe siendo una evidencia confiable del pasado. Debe valorar, seleccionar y mantener los documentos archivados dentro de sus contextos histórico, legal y administrativo, respetando así el principio de procedencia, preservando y haciendo evidentes las relaciones originales de los documentos. Proteger la autenticidad de estos, asegurando que su valor no sea alterado durante el proceso archivístico, la conservación y el uso.

Este debe de promover el acceso lo más amplio posible al material archivístico y ofrecer un servicio imparcial a los usuarios conforme al acceso y la privacidad de los límites de la legislación pertinente.

El archivista debe utilizar la confianza depositada en él para el bien común y evitar usar su posición privilegiada para beneficio propio o de otros.

Procurará la profesionalización y la actualización de sus conocimientos de forma sistemática y continua, compartiendo resultados de sus investigaciones y experiencia.

Así mismo el archivista promoverá la conservación y el uso del patrimonio documental de la humanidad.

Responsabilidad civil:

Esta consiste en la obligación que recae sobre una persona de reparar el daño que ha causado a otro, sea en naturaleza o bien por un equivalente monetario, normalmente mediante el pago de una indemnización de perjuicios.

El objetivo principal de la responsabilidad civil es procurar la reparación, que consiste en restablecer el equilibrio que existía entre el patrimonio del autor del daño y el patrimonio de la víctima antes de sufrir el perjuicio. La responsabilidad civil posee un aspecto preventivo, que lleva a los ciudadanos a actuar con prudencia para evitar comprometer su responsabilidad; y un aspecto punitivo, de pena pecuniaria.

Es importante distinguir la responsabilidad civil de la responsabilidad penal, ya que esta última tiene por finalidad designar a la persona que deberá responder por los daños o perjuicios causados a la sociedad en su totalidad, no a un individuo en particular.

La responsabilidad civil intenta asegurar a las víctimas la reparación de los daños privados que le han sido causados, tratando de poner las cosas en el estado en que se encontraban antes del daño y restablecer el equilibrio que ha desaparecido entre los miembros del grupo. Por estas razones, la sanción de la responsabilidad civil es, en principio, indemnizatoria, y no represiva.

Responsabilidad administrativa:

La responsabilidad del Estado es la obligación que pesa sobre éste de reparar los daños causados por el hecho ilícito de sus órganos. La responsabilidad del Estado se basa en el principio de que todo daño causado ilícitamente por él, debe ser reparado de buena fe.

Responsabilidad Penal:

Para la responsabilidad penal los daños o perjuicios tienen un carácter social, pues son considerados contra el orden público lo suficientemente graves como para ser fuertemente reprobados y ser erigidos en infracciones. Las sanciones penales tienen una función esencialmente punitiva y represiva, y sólo buscan la prevención de manera accesoria.

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