El Poder Judicial Y Su Vinculación Con La Sociedad

EL PODER JUDICIAL Y SU VINCULACION CON LA SOCIEDAD

Por. Yildalina Tatem Brache

Resumen.

La Constitución de la República Dominicana establece como función esencial del Estado, la protección efectiva de los derechos de la persona, el respeto de su dignidad y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva, dentro de un marco de libertad individual y justicia social, compatibles con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos y todas. Si esta es su función esencial está bastante claro que su principal obligación jurídica es la de garantizar derechos, por lo que el Poder Judicial debe aprehender las necesidades de la sociedad y actuar en consecuencia… en este sentido, existe la necesidad de trabajar en conjunto con la sociedad para el afianzamiento de que la persona que administra justicia vele por el cumplimiento de los derechos y garantías del proceso, al mismo tiempo que la sociedad tenga conocimiento de sus propios derechos y de los verdaderos alcances del rol que cumple la magistratura.

Palabras claves: Acceso a justicia, administración de justicia, justicia, equidad, igualdad, garantizar derechos

La administración de justicia atendiendo a la evolución de la humanidad está en la obligación de construir una epistemología del relacionamiento con la sociedad de una forma que le permita abordar la complejidad de ese proceso. Para hacerlo debe tomar en consideración las relaciones de poder y de contra poder que intervienen en un juicio; las posibles desigualdades, las evidentes desigualdades y las ocultas desigualdades entre las partes; las resistencias; las satisfacciones e insatisfacciones; los posicionamientos enunciativos y discursivos; los equilibrios posibles y los desequilibrios necesarios. Toda esta reflexión, investigación y aplicación estratégica desde la comprensión de que los procesos que se conocen en los tribunales forman parte de la vida cotidiana.

La Constitución de la República Dominicana establece: “Es función esencial del Estado, la protección efectiva de los derechos de la persona, el respeto de su dignidad y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva, dentro de un marco de libertad individual y justicia social, compatibles con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos y todas”, si esta es su función esencial está bastante claro que su principal obligación jurídica es la de garantizar derechos.

De esta afirmación inicial se puede establecer un silogismo simple, si la principal obligación del Estado es de garantizar derechos a las personas y las personas conforman la sociedad, la sociedad tiene derecho a participar en los asuntos estatales. El Poder Judicial es un Poder del Estado, entonces la sociedad tiene derecho a participar en los asuntos concernientes al Poder Judicial y el Poder Judicial trabaja para la sociedad. Si el Poder Judicial trabaja para la sociedad, debe aprehender sus necesidades y actuar en consecuencia. De ahí que una correcta, sana, oportuna, eficiente y pertinente administración de justicia debe estar pensada para que las personas que habitan en un Estado se sientan seguras y confiadas.

El Poder Judicial tiene una vinculación directa con la sociedad porque las personas tienen derecho a conocer las razones de las decisiones que les afectan. No es posible ampararse en la idea que en un litigio hay dos partes y que siempre la perdidosa saldrá “echando pestes” y la gananciosa “saldrá feliz”, para pensar que no es necesario informar a la colectividad sobre las decisiones jurisdiccionales. La administración de justicia debe estar por encima de planteamientos y criterios tan simplistas; justificarnos en la idea de que en los conflictos nunca es posible dejar a todo el mundo contento, así que no importa, porque quien ejerce esta función no está “en un concurso de popularidad”, podría inclinarnos a pensar que desde el Poder Judicial no tenemos una responsabilidad con la sociedad, de transparencia, acceso, independencia y sobre todo de administrar y entregar justicia. Parece más correcto inclinarse hacia las tendencias que afirman que se debe trabajar para tener decisiones bien sustentadas y claras, ya que en la medida que las decisiones se basten a sí mismas y se sustenten de una manera justa, incluso la parte perdidosa podría estar triste o disgustada con haber perdido pero se quedará sin argumentos para rebatir las decisiones.

La sociedad, la ciudadanía, las personas en sentido general tienen derecho a estar informadas, si bien es cierto que en principio “los jueces y juezas hablan por sus sentencias”, y que las mismas son un producto profesional dirigido a un destinatario particular (el justiciable), no es menos cierto que como resultado de esa labor se concreta un acto público que puede tener impacto en toda la sociedad. En ese sentido, nada impide que se realice un esfuerzo para comunicar el resultado de esta labor, transformando el lenguaje técnico de las sentencias en información, que en términos sencillos pueda ser comprensible a toda la sociedad.

Sin lugar a dudas, el desarrollo institucional del país implica la presencia de un Poder Judicial fuerte, creíble, independiente, transparente y cercano a la sociedad, esto es esencial para el sistema democrático. En múltiples ocasiones los integrantes del Poder Judicial han manifestado que se les asignan responsabilidades que no les corresponden. Es común escuchar que se confunde a todo el sistema judicial con el Poder Judicial, que no se valora su trabajo y que solo hay quejas; frente a esta situación puede ser muy pertinente y conveniente trabajar en la construcción de ese puente entre la sociedad y la justicia. Hacemos énfasis en la idea de que posiblemente nunca se podrá satisfacer todos los intereses en juego, pero es de rigor trabajar sobre el conocimiento para que nos sean asignadas las responsabilidades que nos corresponden, que la persona aun cuando no obtenga ganancia de causa, quede con la certeza de que el servicio que recibió se corresponde con la justicia de forma transparente y ética.

El Poder Judicial es la esperanza de nuestros países. En la medida que las decisiones jurisdiccionales obliguen a los demás poderes del Estado a cumplir con la obligación de garantizar derechos, este poder se legitima y sobre todo y más importante, desde ahí es un referente importantísimo aportar al reconocimiento del otro como legítimo otro (Maturana, (2007). Estoy convencida de que es desde la administración de justicia que vamos a poder construir un Estado Social y Democrático de Derecho. Un Estado aliado y amigo de las libertades, de las garantías

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