El Precio De La Verdad

El precio de la verdad

por Thierry Meyssan

Mientras la prensa internacional presenta las informaciones de Edward Snowden como revelaciones sobre el programa PRISM y finge descubrir lo que todo el mundo sabe desde hace tiempo, Thierry Meyssan se interesa más bien en el sentido de este acto de rebelión. Y otorga por ello mucha más importancia al caso del general Cartwright, también acusado de espionaje.

¿Qué son los funcionarios estadounidenses, civiles o militares, que se exponen a un mínimo de 30 años de cárcel por haber revelado a la prensa secretos de Estado de su país? ¿Son «denunciantes» que ejercen un contrapoder dentro de un sistema democrático o se trata de «miembros de la resistencia contra la opresión» dentro una dictadura militaro-policiaca? La respuesta no depende de nuestras propias opiniones políticas sino de la naturaleza misma del Estado estadounidense. Y esa respuesta cambia por completo si nos centramos en el caso de Bradley Manning, el joven soldado izquierdista de Wikileaks, o si incluimos el caso del general Cartwright, consejero militar del presidente Obama, sometido a investigación desde el jueves 27 de junio de 2013 bajo la acusación de espionaje.

Se impone aquí un regreso atrás en el tiempo para entender cómo funciona el paso del «espionaje» a favor de una potencia extranjera a la «deslealtad» hacia la organización criminal en la que uno ha trabajado.

Peor que la censura:

la criminalización de las fuentes

El presidente de Estados Unidos y Premio Nobel de la Paz Woodrow Wilson trató de poner en manos del ejecutivo estadounidense el poder de censurar la prensa cuando están en juego la «seguridad nacional» o la «reputación del gobierno». En su discurso sobre el Estado de la Unión correspondiente al 7 de diciembre de 1915, Wilson declaró: «Hay ciudadanos de Estados Unidos … que han vertido el veneno de la deslealtad en las arterias mismas de nuestra vida nacional, que han tratado de arrastrar al desprecio de la autoridad y de la buena reputación de nuestro gobierno … de destruir nuestras industrias … y de denostar sobre nuestra política en beneficio de intrigas extranjeras … Carecemos de leyes federales adecuadas … Os exhorto a no hacer menos que salvar el honor y el respeto de la nación por sí misma. Esas criaturas de la pasión, de la deslealtad y de la anarquía deben ser aplastadas.» [1]

A pesar de ese discurso, el Congreso no siguió de inmediato la exhortación del presidente Wilson. Como consecuencia de la entrada en guerra de Estados Unidos, el Congreso votó la Espionage Act, que retomaba los elementos fundamentales de la Official Secrets Act británica. Ya no se trata de censurar la prensa sino de cortarle el acceso a la información, prohibiendo a los depositarios de los secretos del Estado revelar lo que saben. Ese dispositivo legal permite a los anglosajones presentarse como «defensores de la libertad de expresión», cuando en realidad son los peores violadores del derecho democrático a la información, derecho que sin embargo defienden las Constituciones de los países escandinavos.

El silencio, más eficaz que el secreto

Los anglosajones viven así mucho menos informados que los extranjeros sobre lo que sucede en sus propios países. Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, el Reino Unido y Canadá lograron mantener en secreto –en su propio territorio– el Proyecto Manhattan, destinado a la concepción de la bomba atómica, a pesar de que 130 000 personas trabajaron en ese proyecto durante 4 años y de que los servicios secretos extranjeros lo habían penetrado ampliamente. ¿Por qué pudieron mantenerlo en secreto? Porque Washington no estaba preparando aquella arma para la guerra que estaba librando en aquel momento sino para la siguiente, o sea para la guerra contra la Unión Soviética. Como ya lo han demostrado los historiadores rusos, en Japón se pospuso la capitulación hasta que se concretó la destrucción de Hiroshima y Nagasaki, como advertencia dirigida a la URSS. Si los estadounidenses hubiesen sabido que su país disponía de aquella arma, sus dirigentes habrían tenido que utilizarla para acabar con Alemania y no para amenazar al aliado soviético a costa de los japoneses. En realidad, la guerra fría comenzó antes del fin de la Segunda Guerra Mundial [2].

En materia de secreto, es importante señalar que Stalin y Hitler tuvieron conocimiento sobre la existencia del Proyecto Manhattan desde el momento mismo de su inicio, porque ambos tenían agentes donde había que tenerlos. Truman, sin embargo, en su calidad de vicepresidente de Estados Unidos, no fue informado hasta el último momento, o sea después del fallecimiento del presidente Roosevelt.

La verdadera utilidad de la Espionage Act

En todo caso, el espionaje ocupa un lugar secundario en la Espionage Act, como queda demostrado por su forma de aplicación.

En tiempo de guerra, la Espionage Act sirve más bien para castigar las opiniones disidentes. Por ejemplo, en 1919, la Corte Suprema determinó –al pronunciarse sobre los casos Schrenck contra Estados Unidos y Abrams contra Estados Unidos– que el hecho de llamar a la insumisión o a la no intervención en contra de la Revolución Rusa se incluía entre los comportamientos penados por la Espionage Act.

En tiempo de paz, esa misma ley sirve para impedir que los funcionarios hagan público un sistema de fraudes o crímenes cometidos por el Estado, incluso aunque revelen hechos de los que el público ya tenía conocimiento previo

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