El caso de la frontera Corozal

Buenas noches a todos para realizar la presente actividad 5 que corresponde a la unidad 2, fue necesario como primer instancia consultar la normatividad estatal y federal correspondiente al problema que se nos plantea, el cual menciona la siguiente problemática:

El caso de la frontera Corozal, establecida 1976 conformada con ciertos núcleos irregulares de lacandones y tzetzales con el objetivo de formar parte de la comunidad lacandona, integrada por tres subcomunidades; frontera Corozal, Nueva Palestina y la etnias de Lacanjá Chasayab, Nahá y Metzabok

Lo que ha provocado una situación de apropiación social del territorio que se les asigno, ya que inicialmente se les concedió 1/2 ha por comunero, y para 2001 la cantidad ascendió a 70 ha por comunero.

Según el reglamento de la comunidad lacandona, no existen límites de acceso, aprovechamiento, zonificación ni mecanismos de supervisión o solución de conflictos. Contradictoriamente a nivel estatal y Federal sí existen restricciones, desde 1989 el Gobierno del Estado de Chiapas prohibió el uso de recursos forestales para fines comerciales y por otro lado, se encuentran 6 Áreas Naturales Protegidas (ANP) en las que la SEMARNAT regula el aprovechamiento de los recursos naturales.

Estas áreas se traslapan con las áreas de uso común, aquellas destinadas por los choles para el aprovechamiento de los recursos forestales, en específico de palma. Situación que ha originado conflictos importantes por el control del territorio ocupado por las ANP entre los comuneros y las autoridades federales.

Por lo que finalmente se deduce que el problema consiste en la falta de control en los recursos naturales existentes en esta área, para lo que se solicito investigar la normatividad de manara que se fundamente una alternativa de solución.

Para lo que la SEMANART (Secretaria de Recursos Naturales y Medio Ambiente) han impulsado el crecimiento en materia de agroforestación, agropecuaria, de las cuales la frontera Corozal ha asimilado de manera productiva previendo a los comuneros de fructíferas ganancias.

Mientras lo que corresponde a las instancias estatales, estas realizaron pagos a 600 comuneros por conservar la selva lacandona, según reporta el periódico la Jornada.

Además el diario de Chiapas reporto que se han realizado proyectos en beneficio de los habitantes de la selva Lacandona tales como la conservación, restauración y aprovechamiento sustentable.

Por otro rubro CONAFOR (Comisión Nacional Forestal), a implementado proyectos con el afán de proteger la vegetación de esta selva, y de este modo evitar la deforestación, impulsar las plantaciones y el cuidado de los suelos. Este ultimo resulta muy importante ya que es el enfoque de la problemática, el determinar la normativa requerida en materia del cuidado en de áreas naturales, para lo que aplica Ley Orgánica de la Administración Pública, Artículo 32 bis reformada en el DOF del 25 de febrero de 2003, en el cual atribuye los siguientes asuntos respecto a la problemática citada:

I. Fomentar la protección, restauración y conservación de los ecosistemas, recursos naturales y bienes y servicios ambientales, con el fin de propiciar su aprovechamiento y desarrollo sustentable;

II. Formular y conducir la política nacional en materia de recursos naturales, siempre que no estén encomendados expresamente a otra dependencia; así como en materia de ecología, saneamiento ambiental, agua, regulación ambiental del desarrollo urbano y de la actividad pesquera, con la participación que corresponda a otras dependencias y entidades.

III. Administrar y regular el uso y promover el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales que corresponden a la Federación, con excepción del petróleo y todos los carburos de hidrógenos líquidos, sólidos y gaseosos, así como minerales radioactivos.

V. Vigilar y estimular, en coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales, el cumplimiento de las leyes, Normas Oficiales Mexicanas y programas relacionados con recursos naturales, medio ambiente, aguas, bosques, flora y fauna silvestre, terrestre y acuática, y pesca; y demás materias competencia de la Secretaría, así como, en su caso, imponer las sanciones procedentes.

VI. Proponer al Ejecutivo Federal el establecimiento de Áreas Naturales Protegidas, y promover, para su administración y vigilancia, la participación de autoridades federales o locales, y de universidades, centros de investigación y particulares.

En este apartado es de suma importancia ya que con este se mantendrá un registro pertinente, del cual proporcionara ayuda en

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