El decreto 992 de 1930, reglamentó el artículo 15 transcrito sin hacer distinción entre fincas o predios urbanos y rurales

Cuando se trata de despojos o invasiones, ante la necesidad de proteger de manera efectiva la posesión o tenencia la ley 57 de 1905 introdujo una modalidad de protección a la POSESION EN GENERAL, sin tomar en cuenta que se tratara de predios rurales o urbanos, señalando como COMPETENCIA DEL JEFE DE POLICIA, el realizar el correspondiente LANZAMIENTO, de quienes ocuparan y habitara un predio, sin consentimiento del tenedor o poseedor.

La mencionada ley estableció en su Art. 15. Que: “Cuando alguna finca ha sido ocupada de hecho sin que medie contrato de arrendamiento ni consentimiento del arrendador, el jefe de policía ante quien se presente la queja se trasladará al lugar en que esté situada la finca dentro de las cuarenta y ocho horas después de la presentación del escrito de queja; y si los ocupantes no exhiben el contrato de arrendamiento, o se ocultan procederá a verificar el lanzamiento sin dar lugar a recurso alguno o diligencia que pueda demorar la desocupación de la finca.”

El decreto 992 de 1930, reglamentó el artículo 15 transcrito sin hacer distinción entre fincas o predios urbanos y rurales, por lo que tal procedimiento o regulación tuvo su aplicación para toda clase de predios.

Es hasta 1936 cuando se entra a hacer diferencias en cuanto a los trámites de LANZAMIENTO POR OCUPACION DE HECHO, según se trate de predios rurales o urbanos. Es pertinente señalar que en el artículo 16 de la ley 200 de tal año se establece: “Desde la expedición de la presente ley, en los juicios de lanzamiento por ocupación de hecho en predios rurales, así como en la tramitación de toda acción posesoria referente a predios de la misma naturaleza, se observarán las reglas que se consignan en los artículos siguientes.”

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