Ensayo Caso Avena

En Un fallo insuficiente: la sentencia de la Corte Internacional de Justicia en el caso Avena, un ensayo de Bernardo Sepúlveda Amor publicado en la revista Este País.

La Corte Internacional de Justicia dictó una sentencia, el 31 de marzo de 2004, mediante la cual reafirmó la vigencia de las garantías de protección consular otorgadas por el derecho internacional a todo Estado parte en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963. Dichas garantías se hacen extensivas a los individuos que sean nacionales de ese Estado. La sentencia tiene su origen en una controversia entre México y Estados Unidos, relacionada con 51 mexicanos condenados a la pena de muerte por tribunales estadounidenses sin haber contado con la asistencia jurídica para su defensa por parte de los consulados de México. La sentencia fue favorable a los intereses legales de México y el litigio se denomina Caso de Carlos Avena y otros nacionales mexicanos.

Lo que argumentó el gobierno mexicano fue que se violaron los derechos del connacional, no si era culpable, como sí se comprobó durante su juicio. Carlos Avena Guillén fue sentenciado a la pena capital por el asesinato de Manuel Solís y Miguel Vásquez durante el robo de un auto Camaro.

En un resumen sobre el caso Avena, escrito por el embajador Juan Manuel Gómez Robledo, Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se establece que “México en modo alguno justifica los hechos delictivos de los que son presuntamente responsables los nacionales mexicanos condenados a la pena capital”. Sin embargo, sí se señalan las arbitrariedades procesales de las que fueron víctimas las 51 personas y cuyo caso más representativo fue el de Carlos Avena.

Carlos Avena Guillén fue detenido el 15 de septiembre de 1980 en Los Ángeles por asesinato, encontrado culpable el 9 de diciembre de 1981 y sentenciado a pena de muerte el 12 de febrero de 1982. El Gobierno mexicano no conoció del caso hasta 11 años después de su detención. La demanda que incluía todos los casos de mexicanos en esa circunstancia fue presentada ante La Haya el 9 de enero de 2003 a iniciativa de Jorge Castañeda, entonces Secretario de Relaciones Exteriores.

Resulta una incongruencia del gobierno mexicano y la PGR minimizar las violaciones a los derechos de la acusada que busca un amparo. Tampoco entiendo el papel de Isabel Wallace, distinguida defensora de los derechos humanos, quien desestima los aspectos legales y confunde derecho con justicia. Calderón también maneja el mismo discurso. En el caso de la candidata panista a gobernar el Distrito Federal es entendible que no distinga la diferencia, pero que el presidente se pase por el arco del triunfo las violaciones al debido proceso es preocupante. La presión a la Suprema Corte de Justicia es innegable y el descaro del gobierno federal – vía Alejandro Poiré,

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