Ensayo Desastre zona norte Chile 2015.

Introducción

Luego de las intensas lluvias que se presentaron a fines de marzo 2015 en la zona norte y centro norte del país y sus consecuencias en aluviones e inundaciones en ciudades como Tierra Amarilla, Taltal, Paipote, Copiapó y Chañaral además de otras localidades, pérdidas de vidas e infraestructura, sumado a la baja capacidad de prevención y reacción por parte de la autoridad, hacen analizar hasta qué punto es adecuado utilizar la palabra “natural” para referirse dicha catástrofe.

Así parten algunos cuestionamientos:

- ¿El hecho de que entidades como ONEMI recibieran el informe de la Dirección Meteorológica de Chile con anterioridad indicando que existirían precipitaciones en la zona de 10-20 mm, les permitía tomar algún tipo de accion preventiva?

- ¿Existe responsabilidad de las empresas mineras del sector?

- ¿Existe responsabilidad de los pobladores?

- ¿Cómo se relaciona esta situación con lo ocurrido el 27F?

- ¿Se trata sólo de un fenómeno asociado al cambio climático?

- ¿Cuál es efectivamente la capacidad que tiene el país ante eventualidades?

- ¿Existe responsabilidad del Gobierno en la toma de decisiones?

Las distintas respuestas que es posible obtener, independiente del punto de vista que se use, llevan a algo en común: el Gobierno es responsable de los diversos proyectos mineros y de la legislación sobre los mismos; por otro lado, las entidades de emergencia y defensa, también dependientes del mismo, deben contar con las capacidades para guiar a la población y administrar la información para la toma de decisiones. Sólo queda definir cómo realizar esta tarea considerando la realidad país, lo que se analizará en el presente documento.

Eventos de análisis

Uno de los eventos más cuestionados sobre el actuar del Gobierno, fue el contar con informe de la Dirección Meteorológica de Chile informando sobre precipitaciones moderadas correspondientes a 10-20 mm para la zona, esto con más de 48h para actuar. Si bien, esta información puede generar discusión por el uso del término “moderadas”, se debe destacar que el volúmen de precipitaciones indicado recibe esa categoría por definición, lo que puede no ser de importancia si se pronostica para el sur del país, donde una lluvia de esta magnitud no generaría inconvenientes; esta discusión puede estar dentro de la población, pero un organismo como ONEMI, se entiende (y así lo aseguran) cuenta con profesionales capaces de interpretar dicho informe y de llevarlo a la realidad de la zona, con lo que por lo menos se estaría generando una alerta.

Sobre este punto se debe considerar que el organismo trabaja en base a un plan nacional, con información basada en los planes comunales, responsabilidad de los municipios, pero estos no consideran las diversas amenazas, es más, luego de la experiencia del 27F se implementó señalética en las zonas costeras por posibles tzunamis, pero no se contempla inundaciones por otros motivos, incluso considerando un fenómeno similar en la zona norte en el año 1997 . En este caso, se necesita que los municipios incluyan obligatoriamente los distintos riesgos a que se ve expuesta la población dentro de su plan regulador, incorporando, en aquellos sectores con quebradas o cercanías de ríos el riesgo de aluviones y crecidas.

La geografía del país hace que uno de los mayores inconvenientes sean las comunicaciones en casos de emergencia, pero esta es una realidad que se debe abordar con soluciones, especialmente si se considera que la centralización existente no ayuda. Ya con la experiencia del 27F se vivió la realidad del aislamiento, la falla de la telefonía celular (que se produce después de cada sismo y con mayor razón en estos casos), la falta de personal calificado que manejara ciertas tecnologías existentes, la escasez de teléfonos satelitales, etc. Pero el contar contar con esta experiencia sin acciones que permitan superarla hace que la historia se repita. Por ejemplo, en noviembre de 2011 se estudiaban todas estas fallas y se proponía la creación de la Agencia Nacional de Protección Civil y establecer un Sistema Nacional de Emergencias, proyecto detenido en el Congreso desde 2013 y recién ahora se estaría discutiendo nuevamente; por otro lado, se creó el Sistema de Alerta de Emergencias (SAE), el cual permite enviar una alerta a los usuarios de celulares vía sms a una zona georeferenciada en casos, por ejemplo, de ser necesaria una evacuación, pero esta herramienta no se utilizó en esta oportunidad.

Estos antecedentes hacen imprescindible una mayor coordinación entre los diversos organismos de emergencia a nivel local, relacionando la realidad que vive cada zona y los riesgos que estas presentan y mayor capacidad de decisión.

Se debe considerar, obviamente, que dichos organismos deben contar con la tecnología necesaria para garantizar la comunicación en casos de emergencia, y para esto no se puede depender de la telefonía celular, ya que ésta está limitada a cobertura, estado y demanda de las correspondientes torres, por lo que se deben implementar teléfonos satelitales, cuya mayor ventaja es que garantizan cobertura en caso de desastres naturales. Para el 27F ONEMI contaba con 14 teléfonos celulares, para el 2015 esta cifra aumentó a aprox. 80 en manos de Intendentes

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