Ensayo Falsedad En Documento Publico

SENTENCIA C-637/09

(Septiembre 16, Bogotá DC)

La falsedad de documentos privados pueden ser de forma material, cuando el documento no es autentico, valido u original, y de forma ideológica, cuando siendo el documento válido y autentico, su contenido contiene información contradictoria a la verdad, o no expone la totalidad o parte de la misma; en el caso de falsedad en documentos públicos, la falsedad ideológica es cometida únicamente por servidores públicos lo cual requiere un tratamiento especial, puesto que la veracidad en dichos documentos es irrefutable.

En este tipo de casos el legislador es el encargado de decidir cuáles comportamientos son penalmente castigables, teniendo una amplia potestad de configuración normativa para crear o excluir conductas punibles, y de la misma forma fijar su naturaleza y la dimensión de las sanciones y luego el juez sólo procede a dar su juicio con respecto a dichos hechos y asigna la pena que merece a los mismos.

La Corte sostiene que en base al principio de la legalidad penal deben estar descritos los hechos punibles y de la misma forma las conductas punibles y sanciones clara y precisamente en la ley, para que las personas antes de cometer alguno de estos actos conozcan que acciones están prohibidas y por ende cuáles no lo están, es así que si no cumplen con éstos requisitos son inexequibles

Aunque no existe un acuerdo en el que se especifique que los particulares siempre deben decir la verdad, según ley 599 de 2000 cuyo texto final solo aprobó la falsedad material, dicha veracidad se vuelve obligatoria, según la Corte Suprema de Justicia, cuando esta obligación proviene de la ley hacia los particulares, de la misma forma cuando los documentos tienen fines probatorios y/o jurídicos y cuando éstos establezcan la extinción o modificación de una relación jurídica relevante que perjudique a un tercero.

En éste punto también se habla del derecho viviente, refiriéndose a la comprensión e interpretación que lo jueces dan a las normas y leyes para su correcta aplicación, lo cual se da si dicha interpretación judicial es consistente a pesar de que existan controversias jurisprudenciales, de la misma forma si ésta es consolidada, es decir afianzada con más de un fallo para determinar la veracidad de la interpretación, a excepción de ciertos casos especiales, y por último debe ser relevante o ilustre para definir la norma concerniente.

L a interpretación del alcance le corresponde a los organismos jurisdiccionales que tengan dicha función, teniendo autonomía orgánica y funcional, a menos de que la discrepancia interpretativa de un texto legal pone en peligro la integridad o el alcance del texto constitucional. Esta función interpretativa debe tener la consideración de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, ya que es el tribunal experto en el conocimiento de la instituciones propias de su especialidad.

Es por esto que se pone por encima el derecho fundamental de administración de Justicia de la Constitución política, que impide omitir actos como la falsedad ideológica en documento privado, ya que afecta el tráfico jurídico y el derecho de los particulares a poder estar seguros de la veracidad y fidelidad de dichos documentos, de la misma forma impediría lograr el esclarecimiento de los hechos cuando existen falsedades en los mismos por parte de los particulares, de la misma forma que el Estado espera respuestas por falsedad en documento público.

Según el Ministerio del Interior y de Justicia el actual Código Penal da una referencia general a la falsedad en documento privado, pero si bien

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