Familia.

Toda norma jurídica sea esta de naturaleza penal, civil, comercial, agraria, administrativa, constitucional o de familia, nace como producto de una necesidad social de tipificar acciones u omisiones de los miembros de la sociedad, con el fin de encontrar un equilibrio entre los derechos individuales y el interés comunal o social.

Las leyes se presentan en una escala jerárquica, en la cual por misma disposición legal, la Constitución Política y los Tratados Internacionales se encuentran en el primer escalón de lo que puede llamarse la pirámide de las leyes. Sin embargo y pese a que las disposiciones contenidas en dichas fuentes de nuestro ordenamiento jurídico son de acatamiento obligatorio su aplicación depende al igual que las leyes, decretos o reglamentos, de la interpretación de los entes encargados de su aplicación.

En este punto nos encontramos con una interrogante, ¿se encuentran los entes de la Administración de Justicia, o demás entes de la Administración Pública facultados y/o capacitados para interpretar el sentido que el legislador quiso darles a las normas jurídicas? A mi criterio por disposición legal, si se encuentran facultados para interpretar el contenido de las leyes, sin embargo no siempre se encuentran capacitados para interpretar el sentido que el legislador quiso dar a las normas lo anterior debido a que la aplicación de las leyes se lleva a cabo en momentos temporalmente distintos al de la creación de la Ley.

Es así como en la época actual nuestros tribunales aplican normas cuya creación data del siglo pasado, donde la legislación tenía una noción distinta de la sociedad en que vivimos.

Es por eso que los legisladores de cualquier época, deben tener el cuidado de no enmarcar, o limitar en forma restrictiva el contenido de la ley, porque esto limitaría al que deba aplicarla, lo cual devendría en muchos vacios en cuanto a la aplicación de la norma, la cual debe mutar de la mano con la sociedad que está en constante cambio, no solo en lo cultural sino en la complejidad y naturaleza de los delitos que van surgiendo a través del tiempo.

Para que la norma pueda aplicarse años o décadas después de su creación, no puede bajo ninguna circunstancia limitar en forma conceptual su contenido, ya que si la misma norma, se define como concepto estaría por si sola limitando su aplicación.

Quienes se encargan de aplicar las leyes deben guardar el mismo cuidado que el legislador cuando crea la norma, ya que al emitir un criterio o resolución vinculantes, deben asegurarse de no delimitar el contenido o aplicación que se debe otorgar a determinada norma, porque podría restarle funcionalidad en el futuro, donde sin duda alguna nuestra sociedad evolucionara de un modo impredecible.

La Doctrina Nacional y los Tratadistas Internacionales, por otra parte pueden definir en forma individualizada el concepto de cualquier institución de orden público, y ello no afectaría en forma sustancial la aplicación de cualquier norma jurídica, ya que la doctrina al ser una fuente de derecho, no es vinculante para quienes deben aplicar la norma.

Sin tomamos como ejemplo la familia o cualquier otra institución de orden público, resulta subjetivo cualquier concepto de esta, ya que para cada persona dependiendo de su educación, creencia religiosa o entorno cultural donde fue criado, el concepto de familia puede diferir significativamente con el concepto de otras personas, que aún viviendo en la misma

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