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Caso del grupo Continental

La familia Ortega tiene demandas en su contra en las cortes de EE.UU. y las Bahamas. Según el Banco Central, el perjuicio ocasionado al Estado ecuatoriano asciende a USD 150 millones.

A mediados de mayo de 1996, esta frase de Leonidas Ortega Trujillo, publicada por la revista Vistazo, era el corolario de la intervención del Banco Central sobre el Banco Continental. Él, en calidad de gerente de esta última entidad, cuestionaba la toma de control estatal, que analistas consideraron en esa época y ahora como un intento oficial por justificar un millonario préstamo subordinado.

Aquella intervención, generada por un déficit patrimonial del Continental, desembocó en su posterior cierre mediante una fusión con el Banco del Pacífico, en octubre del 2000. Quedó marcada también como el inicio de la crisis bancaria que se profundizó entre 1998-2000.

Leonidas Ortega Trujillo, imputado hasta ahora en un proceso penal, huyó del país a fines de 1996 y hoy espera una ratificación por parte de la CSJ respecto a la prescripción de ese proceso legal.

Justamente esa prescripción, que se conoció hace una semana, puso de nuevo en la mesa de discusión el caso Continental, cuya crisis financiera perjudicó al fisco en 105 millones de dólares. La Procuraduría del Estado presentó un recurso de aclaración y apelación. En esta causa, el único sindicado es el ex propietario de la entidad, Leonidas Ortega Trujillo.

El Banco Continental, que inició sus operaciones en 1975, era parte de un gran grupo económico, Conticorp S.A., nacido a principios del sesenta por iniciativa de Leonidas Ortega Moreira y sus hijos Leonidas, Luis, Jaime, Jorge y Fabián Ortega Trujillo.

Para 1990, Conticorp agrupaba además del banco a unas 30 empresas de valores y seguros. En 1995, el Continental tenía 240 mil clientes y 26 oficinas en el país. Pero la iliquidez del sistema financiero y la entrega de créditos vinculados afectó al quinto mayor banco con una participación del 9% en el mercado. Los rumores circulaban y los clientes empezaban a sacar sus ahorros. Por coincidencia, Gustavo Ortega, hermano del gerente del Continental, era superintendente de Compañías entre 1992 y 1995.

Para evitar una caída bancaria que, se argumentó, podría ser masiva, el Banco Central, cuyo gerente era Augusto de La Torre, otorgó al Continental un crédito subordinado por 485 mil millones de sucres. El respaldo legal era la flamante Ley General del Sistema de Instituciones Financieras, en vigencia desde el 12 de mayo de 1994, con el ejecútese del entonces presidente Sixto Durán-Ballén y cuyos autores fueron Alberto Dahik, vicepresidente, y Ana Lucía Armijos, presidenta de la Junta Bancaria (1993-96).

Como el Continental no pudo pagar el préstamo, el Banco Central intervino y luego de análisis, la Superintendencia de Bancos determinó que supuestamente hubo sobrevaloración del patrimonio, entre otras supuestas ilegalidades.

León Roldós, ex presidente de la República y actual asambleísta, dice que la situación se dio porque la Ley de Instituciones Financieras, a pretexto de liberalizar el mercado financiero, lo desregularizó. “Ahí se facilitaron los créditos vinculados, uno de los factores de la crisis del Continental. El banco acumuló bastante crédito vinculado, lo que llevó a que se vuelva difícil la recuperación de su cartera”, menciona Roldós.

Pablo Lucio Paredes, hoy asambleísta y quien en 1996 asumió durante cuatro meses la gerencia del Continental por encargo del Central, señala que la desconfianza de la gente se evidenció “por la concentración del crédito en manos de los propios dueños”.

Paredes señala que en su administración trató de recuperar la confianza de los clientes. Como lección de la caída del Continental, el hoy asambleísta dice: “Tenemos que pensar muy a fondo cuándo el Estado debe intervenir y cuándo no. Una de las razones de los abusos era que la banca sabía que el Estado estaba en capacidad de ayudar en los problemas”.

En la actualidad

La Superintendencia de Compañías y Valores (SC) solicitó la semana pasada a un juez constitucional

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