Funciones de la pena en el derecho penal

funciones de la pena en el derecho penal

Presentado a Dr.: Oscar Nitola

Presentado por: Leidy Dayanne Mosquera Morales

FUNDACION UNIVERSITARIA DE SAN GIL - UNISANGIL

FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y POLITICAS

DERECHO III SEMESTRE NOCTURNO

UNISANGIL CHIQUINQUIRA

DERECHO PENAL

2020

funciones de la pena en el derecho penal

En el periodo primitivo, cuando no había aun orden jurídico, ni una población organizada los delitos eran acciones lesivas ejercidas en contra de las personas de forma individual. Por esta razón, los sujetos afectados tenían el poder de castigar directamente a sus agresores en su integridad personal de forma privada y sin ningún tipo de limitación con el poder de ejercer justicia por su propia mano.

En un periodo posterior la iglesia fue quien tomó las riendas sobre las actividades de la sociedad regulando sus parámetros y sus conductas como el concepto de delito este llegó a confundirse por el concepto del pecado por la administración de la iglesia una vez superado esto la pena llego a ser una medida de prevención, corrección y resocialización de conductas delictivas evitando que estas fuesen repetidas.

En el código penal colombiano se establecen las funciones de la pena en su artículo 4 del código penal colombiano de la ley 599 del 2000, señalando que al momento de imponerse esta, se debe responder a los principios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad, en donde el principio de necesidad se hará en el marco de prevención y su desarrollo. Conforme a tal criterio, la tipificación legal de hechos punibles pretende desestimular conductas lesivas de bienes jurídicos dignos de ser tutelados por el derecho penal, pero de manera tal que exista una cierta proporcionalidad entre el daño ocasionado por el delito y la pena que le es atribuida. De otro lado, en la fase de imposición judicial de la pena a un determinado sujeto, en general se considera que el sistema penal debe operar con un criterio esencialmente retributivo, a fin de que, por razones de justicia, exista una proporcionalidad entre la dañosidad de la conducta, el grado de culpabilidad del agente y la intensidad de la pena.

El principio intervencionista, rector del Estado social, podía conducir, y así sucedió en algunos países, a un Derecho penal más preocupado por la eficacia de sí mismo que por servir a todos los ciudadanos. La pena se convirtió a veces en un arma del Estado esgrimida contra la sociedad, trocándose la eficacia de la pena en terror penal. Derecho penal concebido para ser eficaz. El ejercicio del ius puniendi en un Estado democrático no puede arrumbar las garantías propias del Estado de Derecho, esto es, las que giran en torno al principio de legalidad.

El Derecho penal de un Estado social y democrático no puede, pues, renunciar a la misión de incidencia activa en la lucha contra la delincuencia, sino que debe conducirla por y para los ciudadanos. Un tal Derecho penal debe, pues, orientar la función preventiva de la pena con arreglo a los principios de exclusiva protección de bienes jurídicos, de proporcionalidad y de culpabilidad

La pena para ser legitima en un Estado democrático, debe ser definida por la ley y esta debe ser necesariamente justa, lo que significa que en ningún caso se podrán imponer penas desproporcionadas, innecesarias o inútiles, soporte de aquello el artículo 2 constitucional que determina que dentro de los fines del estado se debe asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.

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