Golpe De Estado Honduras

INTRODUCCIÓN

Desde marzo del 2008 cuando el gobernante Manuel Zelaya Rosales propuso que era el pueblo quien debía decidir, en un plebiscito, si quería o no, se formara la constitución vigente desde enero de 1982.

La crisis política originada a partir de los sucesos del 28 de junio del 2009 tuvo su causa inmediata en una consulta, promovida por Zelaya, que se realizaría ese día.

El objetivo era promover la instalación de una "cuarta urna" en las elecciones generales de noviembre de ese año, en la que, en caso de haber sido aprobada, los ciudadanos podrían decidir sobre la convocatoria de una Asamblea Constituyente. Para respaldar esta votación, presuntamente se recolectaron las firmas de 400 mil hondureños; sin embargo, la oposición a la "cuarta urna" aseguró que las firmas fueron recogidas por extranjeros y funcionarios públicos amenazados. No obstante, el 23 de junio el Congreso aprobó una ley por la cual se prohibía la celebración de la votación, por lo cual esta "consulta popular no vinculante" fue posteriormente considerada como ilegal por la casi totalidad de los organismos gubernamentales del país.

FUNDAMENTACIÓN

La verdadera razón: La Consulta Popular del 28 de Junio. El factor Chávez es el principal recurso para movilizar la opinión publica en contra del verdadero motivo de tanta conspiración: Las clases pudientes en Honduras están desesperadas por la “encuesta popular” que se va a realizar el 28 de junio en donde el pueblo puede votar si quiere que se llame a elecciones para elegir diputados a una constituyente en el mes de noviembre. El viejo poder político con todo su poderío en el aparato estatal, ha movilizado una furiosa campaña de terror a través de sus medios acusando al presidente Zelaya de crear las condiciones de un golpe de Estado e instaurar”una dictadura al estilo de Cuba” o una”tiranía al modelo de Chávez”.

Los Actores del golpe:

1) El Partido Innovación y Unidad-Socia Demócrata (PINU-SD)

2) Ricardo Maduro (PNH)

3) Roberto Micheletti

4) Enrique Ortez Colindres

5) La Confraternidad Evangélica

6) La Iglesia Católica

7) Los empresarios

8) Los medios de comunicación

Artículos de la Constitución:

ARTÍCULO 2.- La soberanía corresponde al pueblo del cual emanan todos los poderes del Estado que se ejercen por representación.

La suplantación de la soberanía popular y la usurpación de los poderes constituidos se tipifican como delitos de traición a la Patria. La responsabilidad en estos casos es imprescriptible y podrá ser deducida de oficio o a petición de cualquier ciudadano.

ARTICULO 3.- Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador ni a quienes asuman funciones o empleos públicos por la fuerza de las armas o usando medios o procedimientos que quebranten o desconozcan lo que esta Constitución y las leyes establecen. Los actos verificados por tales autoridades son nulos. El pueblo tiene derecho a recurrir a la insurrección en defensa del orden constitucional.

ARTÍCULO 45.- Se declara punible todo acto por el cual se prohíba o limite la participación del ciudadano en la vida política del país.

MARCO CONCEPTUAL

Fue la acción perpetrada el 28 de junio de ese mismo año que terminó con la sustitución del presidente constitucional Manuel Zelaya y el nombramiento de Roberto Micheletti como mandatario interino en Honduras. Según los organismos de la comunidad internacional se trató de una situación de facto, un golpe de Estado contra el presidente constitucional; por lo que el nuevo gobierno no fue reconocido por ningún país o alguna entidad internacional. Según todas las instituciones republicanas hondureñas se trató de un evento del cumplimiento de una orden judicial emitida por la Corte Suprema de Justicia de Honduras y una sucesión presidencial legítima.

En la mañana del 28 de junio, fuerzas armadas al mando del teniente coronel René Antonio Herpburn Bueso allanaron el domicilio del presidente Manuel Zelaya y lo expulsaron del territorio hondureño. La comunidad internacional, incluyendo a las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea, se pronunciaron en contra de este evento, calificándolo como una "ruptura del orden constitucional" y exigieron unánimemente la restitución del ex-presidente Manuel Zelaya en sus funciones.

En los meses previos al 28 de junio, ocurría en Honduras una crisis política entre los poderes de la república de Honduras, en el cual se enfrentaron el presidente Manuel Zelaya con el Congreso Nacional, el Tribunal Supremo Electoral y la Corte Suprema de Justicia, sobre la legalidad de una consulta, la cual tenía como objetivo inmediato saber si los hondureños estaban de acuerdo en que en los comicios de noviembre se colocase una llamada "cuarta urna" para votar un referéndum y cambiar la constitución por medio de una Asamblea Constituyente. Los opositores a Zelaya afirmaban que buscaba con esta modificación a la constitución su reelección, aunque Zelaya lo negó. La Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Superior Electoral calificaron la consulta como ilegal, con base en una ley aprobada posteriormente a la realización de la convocatoria (cinco días antes de la celebración de la consulta) expresamente para prohibirla. A pesar de esas opiniones, Zelaya mantuvo la consulta para junio y ordenó al Ejército distribuir papeletas de votación,

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