Instituto De Ciencias Forences De Baja California

El Instituto de Ciencias Forenses del Estado Baja California, fue una iniciativa de ley que borraba del mapa a Semefo la cual se presento el 13 de Diciembre del 2011 y fue aprobada por el pleno del congreso local el 31 de Octubre de 2012 y entro en vigor a partir de 1 Diciembre del 2012 y el 24 de Enero de 2013 se abrogo.

Este instituto tendría la labor de crear y administrar laboratorios de criminalística en el estado, y tener en operaciones un sistema de ciencias forenses, para realizar investigaciones, experimentos y trabajos de carácter científico, así como auxiliar gratuitamente al ministerio público, poder judicial y defensoría pública del Estado, y la supervisión y acreditación de peritos en la elaboración y validación de los dictámenes periciales forenses, donde el licenciado en derecho Marcos Sotomayor Amezcua quien estaría al frente del Instituto de Ciencias Forenses de Baja California.

Se hizo la creación de la Ley del Instituto de Ciencias Forenses de Baja California que se publico en la fecha del 30 de Noviembre del 2012, donde estipula su domicilio legal donde esta ubicado en la ciudad de Mexicali y donde tendré oficinas representativas en otros municipios. También se encuentra la estructura de la misma institución, dicha ley también concreta los requisitos que debe reunir todo dictamen pericial, dicho instituto seria de carácter autónomo.

En la sesión de la XX Legislación del estado los diputados aprobaron de manera unánime la iniciativa para abrogar la reforma por medio del cual se creó el Instituto de Ciencias Forenses de Baja California, donde el gobernador del estado José Guadalupe Osuna Millán califico como adecuada la medida tomado por los legisladores, dicha decisión de invalidar el Instituto de Ciencias forenses demuestran falta de seriedad en cuanto al trabajo que realizan en el congreso del estado.

Desde un inicio no se especifico el presupuesto que se destinaria, además, no se esclareció una característica principal del instituto, su autonomía, finalmente la desaparición del Instituto tendrá un costo de 60 mil pesos para la administración estatal, 40 mil para el pago de quien fuera designado titular del desaparecido Instituto Marco Antonio Sotomayor Amezcua y 20 mil pesos para un trabajador administrativo, pero por lo pronto volverá todo a operar como estaba antes. http://www.congresobc.gob.mx/contenido/legislacionestatal/Parlamentarias/TomosPDF/Leyes/TOMO_V/leyforense.pdf

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