JUICIO DE AMPARO EN MATERIA ADMINISTRATIVA.

       JUICIO DE AMPARO EN MATERIA ADMINISTRATIVA

El juicio de amparo ha sido resultado de la evolución histórica que ha experimentado nuestro país, pues funge como una garantía constitucional disponible para todo gobernado.

Entre sus antecedentes encontramos, desde la época colonial, a una institución con la cual el agraviado podía acudir ante el virrey, a solicitar su protección contra actos de su directa autoridad o de inferiores.

 ya en la época independiente, en nuestra primera Constitución (1824) existió una primera especie de control de constitucionalidad y legalidad, pues se le otorgó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la facultad de conocer de las infracciones a la Constitución y leyes generales.

Después, durante su formación, aparecieron dos grandes personajes que definirían su curso: Manuel Crescencio Rejón y Mariano Otero. El primero de ellos –considerado como el padre de esta figura–, contempló la creación de un medio de control constitucional que se extendiera a todo acto, del Ejecutivo o Legislativo, que infringiera cualquier precepto constitucional; mientras que el segundo, propuso la protección a los individuos particulares en el caso especial sobre el que verse la queja (formula Otero). Posteriormente, en la Constitución de 1857, se atribuyó exclusivamente a los tribunales de la Federación la facultad de conocer de las controversias que se suscitaran por leyes o actos de cualquier autoridad que violaran garantías individuales o que vulnerasen el régimen federal. Finalmente, en la Constitución de 1917, se sentaron las bases de la figura como la conocemos hoy en día y, además, se dejó de lado la clásica doctrina individualista, al consignarse las innovadoras garantías sociales.

Así, con el paso del tiempo se consolidó esta figura como la conocemos hoy en día, la cual fue definida por Ignacio Burgoa como: “el juicio o proceso que se inicia por la acción que ejercita cualquier gobernado ante los órganos jurisdiccionales federales contra todo acto de autoridad (lato sensu) que le causa un agravio en su esfera jurídica y que considere contrario a la Constitución, teniendo por objeto invalidar dicho acto o despojarlo de su eficacia por su inconstitucionalidad o ilegalidad en el caso concreto que lo origine”.

Hay que mencionarse que, en ocasiones, lo más importante en un juicio de amparo es la suspensión del acto reclamado. Al respecto, una de las más completas y acertadas definiciones es la de Juventino V. Castro, que la describe como: “una providencia cautelar cuyo contenido es una determinación jurisdiccional, de carácter instrumental, que ordena a las autoridades señaladas por el quejoso como responsables, mantengan provisoriamente las cosas en el estado que guarden al dictarse la providencia hasta que se dicte la providencia principal en la controversia constitucional; pero que bajo la responsabilidad de la ordenadora permite la toma de otras medidas de cautela que otorguen provisionalmente el respeto inmediato a las garantías constitucionales que se dicen violadas o el disfrute de los beneficios que en forma definitiva y permanente sólo puede otorgar la sentencia; eviten el peligro de la consumación irreparable del acto reclamado debido a la demora en el acceso a la resolución final que debe de decretarse en el proceso; o aseguran la viabilidad de la acción restitutoria o reparatoria para el caso de que otorgare la protección constitucional, permitiéndose la eventual y condicionada ejecución del acto reclamado”. 

La suspensión del acto reclamado se decretará de oficio o a petición del quejoso. Será de oficio y de plano, cuando se trate de actos que importen peligros de privación de la vida, libertad personal fuera del procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales.^[1] Y será de oficio, cuando se trate de extradición o siempre que se trate de algún acto que, si llegare a consumarse, haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce del derecho reclamado.^[2]

Cuando no sea de oficio, se tramitará por incidente y cuerda separada, cuando lo solicite el quejoso y no contravenga disposiciones de interés social y orden público.^[3] Cuando pueda causar daños a un tercero, se otorgará una garantía para los mismos.^[4] Así, tratándose de actos relativos a determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado, la que surtirá efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables.

Es muy importante hacer referencia a que la jurisdicción administrativa no se equipara a la que opera cuando se trata de un juicio de constitucionalidad, como lo es un juicio de amparo. En la jurisdicción contenciosa administrativa el Estado es representado por la autoridad administrativa y en sus relaciones con los particulares realiza dos actos: 1) actos de gestión, fungiendo como persona jurídica; y 2) actos de autoridad, cuando manda, prohíbe, permite o sanciona. En este sentido, el control de los actos de la Administración pública parte de la consideración de que los funcionarios públicos están sujetos a todos los errores y contingencias humanas, que deben ser corregidas legalmente. Por lo tanto, en tal razonamiento, los tribunales de amparo no son propiamente parte de la misma Administración pública, sino que son órganos de control constitucional de los actos que los órganos de ésta emiten, los cuales tienen como consigna proteger el orden constitucional, y sus derechos, cuando éste sea violado; entonces, aquí la autoridad no es juez ni parte, pues éste es un juicio aparte, que se rige por su procedimiento y tiene como fin, restituir en sus derechos al gobernado afectado.^[5]

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