LA ESTRATEGIA COLOMBIANA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS ES SUFICIENTE PARA SU CONTROL Y ERRADICACION

LA ESTRATEGIA COLOMBIANA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS ES SUFICIENTE PARA SU CONTROL Y ERRADICACION

El dinero y los bienes de procedencia ilícita nunca serán legales, así se hagan muchas transacciones con ellos para ocultar o encubrir su origen. El lavado de activos es, en la actualidad, la actividad delictiva que aporta los mayores recursos para el financiamiento de otros. El tráfico ilícito de drogas se encuentra en distintas regiones de nuestro país y su asentamiento ha dependido del arraigo del poder y la influencia del dirigente en representación del Estado para el uso de las herramientas estatales.

De una manera sencilla, se incurre en lavado de activos cuando cualquier persona o empresa adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, custodie o administre bienes que tengan origen ilícito “Lavado de Activos (LA) son todas las acciones para dar apariencia de legalidad a recursos de origen ilícito. En la mayoría de los países del mundo ésta conducta es considerada delito y también se conoce como lavado de dinero, blanqueo de capitales, legitimación de capitales, entre otros” (Orozco, 1999).

Investigaciones oficiales recientes afirman que en Colombia, sólo como producto del tráfico ilícito de drogas, se realizan actividades de lavado de activos por un aproximado de 1,890 millones de dólares anuales. Aunque esta cantidad corresponde apenas al 7% u 8% del valor de la droga exportada, a Europa o Norteamérica, es una suma enorme de recursos económicos que permite apreciar la capacidad de las organizaciones del narcotráfico para influir en el escenario económico, social y político del país.

En Colombia esta conducta se encuentra incorporada en el Código penal en su artículo 323 (Ley 599 de 2000). Los recursos del lavado de activos no sólo provienen del narcotráfico. También se obtienen de delitos como tráfico de migrantes, trata de personas, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, tráfico de armas, financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas, delitos contra el sistema financiero, delitos contra la administración pública y delitos producto de un concierto para delinquir.

La necesidad de combatir el crimen y las ganancias derivadas del mismo, en el contexto nacional e internacional impuso un reto a la comunidad internacional, frente a la adopción de mecanismos vinculantes (obligatorios) para los Estados que les permitiera luchar contra el crimen organizado transnacional con herramientas claras y contundentes. En ese contexto surgieron las Convenciones de las Naciones Unidas, conocidas como Convención de Viena (1988), Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo (1999), Convención de Palermo (2000) y Convención de Mérida (2003).

A través de estos instrumentos los Estados se comprometieron a perseguir los delitos y las ganancias derivadas de los mismos. Pero la preocupación de la comunidad internacional no sólo se enfocó en la persecución del crimen como forma de combatir esa delincuencia nacional y transnacional, también se crearon recomendaciones específicas para constituir los sistemas anti lavado internacionales, emanadas del Grupo de Acción Financiera Internacional contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo – GAFI.

Por medio de este ensayo va a proporcionarse un bagaje que permita identificar como el flagelo de las drogas, el enriquecimiento ilícito y los dineros ilegales afecta al Estado Colombiano de forma tal que se posibilite decantar la tesis que se plantea ¿Las estrategias empleadas por el Estado colombiano han sido suficientes y van encaminadas de forma efectiva al control y erradicación del lavado de activos?

Colombia desde el año 2000 pertenece al Grupo de Acción Financiera Internacional contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo de Sudamérica - GAFISUD -

Debido a estas obligaciones internacionales los países deben proteger sus economías adoptando regulaciones que combatan estos fenómenos, vigilar y controlar su estricto cumplimiento con el fin de minimizar el riesgo país y atraer inversión extranjera.

Autoridades calculan el lavado de dinero en unos 17.000 millones de dólares al año, un poco más que la inversión extranjera directa que recibió Colombia en el 2012 y más de un 5 por ciento de su PIB. La cifra es suficiente para distorsionar el tamaño de la economía e impactar a toda la sociedad, dañar los negocios legítimos y convertirse en caldo de cultivo para el crimen, según diferentes autoridades económicas y judiciales. Y más aún, hace palidecer los 234.438 millones de pesos (unos 128 millones de dólares) incautados en contrabando el año pasado, según cifras de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), equivalente a menos del 1 por ciento estimado por lavado de dinero.

Según cálculos del organismo, se está incautando menos de un 9 por ciento de las mercancías introducidas ilegalmente “El lavado de activos es un problema muy grande porque para un país pobre el impacto social es brutal, limita el crecimiento y lo destruye porque hace improductivas las actividades lícitas, destruye valor.” (Domínguez, 1998)

Si bien Colombia es apenas la parte visible del iceberg del lavado de dinero en el mundo, teniendo en cuenta que según Naciones Unidas (ONU) la actividad mueve 1,6 billones de dólares, el país es un punto estratégico dentro de la red criminal global por ser el mayor productor de cocaína del mundo. El lavado de activos es crucial para la sostenibilidad del negocio del narcotráfico, para pagar sus costos de producción y recibir sus utilidades.

A pesar de que Colombia pasó en la última década de ser considerado un Estado fallido por la violencia y el narcotráfico a atraer sumas récord de inversión en petróleo y minería, el país continúa siendo terreno propicio para este tipo de actividades ilícitas. Ahora los delincuentes se han sofisticado. Ante los cada vez más rigurosos controles en el sector financiero, los narcos han optado por recibir buena parte de las utilidades con bienes que sus distribuidores en el extranjero les envían a muelles como Puerto Nuevo, donde la vigilancia estatal es mínima por falta de infraestructura y de presupuesto. "Colombia es uno de los países del mundo, inclusive más que Estados Unidos, que tiene más controles en el sistema financiero contra el lavado de activos y más efectivos", aseguró la presidenta de la Asociación Bancaria (Asobancaria), María Mercedes Cuellar.

Uno de esos controles es el Sistema de Administración de Riesgos del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAF),

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