La Comisión Nacional de Derechos Humanos

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH o Comisión, de ahora en adelante), se creó el 6 de junio de 1990 por decreto presidencial, pensada como un organismo desconcentrado de lo que anteriormente era una oficina dentro de la Secretaría de Gobernación (SEGOB). Posteriormente, mediante una reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 1992 la Comisión se convirtió en un órgano descentralizado para finalmente en 1999 ser un organismo autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propios.

Las expectativas sobre dicho organismo no se hicieron esperar. En un principio la esperanza sobre la Comisión era que por fin en nuestro país se podría contar con una institución de efectivo contrapeso al poder de las autoridades gubernamentales, y que en su función fuera un verdadero guardián del cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de derechos fundamentales, así como un apoyo para quienes sufren o son discriminados de sus derechos. Dichas expectativas se han venido desvaneciendo con el desempeño de su actual presidente, el, Dr. José Luis Soberanes. En múltiples ocasiones, la CNDH ha tenido la oportunidad de ser un verdadero respaldo para las víctimas de violaciones de derechos humanos, sin embargo su actuación se ha quedado en un muy leve señalamiento o incluso en un respaldo a los agresores.

El informe de Human Rights Watch (HRW), organismo no gubernamental internacional que defiende los derechos humanos, ha confirmado lo que para muchos es evidente. En su informe HRW afirma que la CNDH hace uso discrecional de la legalidad para lograr desvirtuar “complemente y lo emplea para proteger a funcionarios del gobierno que abusan de su autoridad, en lugar de proteger a las víctimas; además, ha mostrado una profunda indiferencia con las normas internacionales que se supone debe promover y ha actuado con timidez en los casos de la ley Televisa y el fuero militar”.1

En el documento nombrado La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México (CNDH), una evaluación crítica, se hace una revisión detallada sobre el impacto limitado que la CNDH, y de alguna manera concluye que su papel como institución con el deber de garantizar el respeto de los derechos humanos, investigar las violaciones a éstos y realizar recomendaciones, es sólo letra muerta. La misma CNDH se auto limita al crearse ante la opinión pública una “interpretación notablemente acotada que hace de su mandato”.2Es claro para muchos de los críticos que el actuar de su titular adolece de una actitud proactiva y que raya más bien en el conformismo, tanto de él como de la institución en general.

Esto se vuelve aun más relevante si tomamos en cuenta que la Comisión goza de una posición envidiable con respecto a otras instituciones similares dentro y fuera del país. Ni los cuantiosos recursos económicos, calculados en 79 millones de dólares, ni el numeroso personal que está a su cargo han sido suficientes para consolidar a dicho organismo como un garante de los derechos fundamentales de los mexicanos. Es un organismo muy costoso que rinde pocos resultados. Además, resulta en verdad inconcebible que tratándose de un organismo que defiende

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