La Ley 715 de 2001

La Ley 715 de 2001 regresa acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad a los entes territoriales, decisión que es aplaudida desde la crisis que vive la red hospitalaria pública; sin embargo, las autoridades sanitarias exigen metas de cobertura a las empresas sociales del Estado(2) –ESE–, que bajo la actual crisis hospitalaria tienen serias restricciones para ampliar la infraestructura y el recurso humano en salud, y de esta manera cubrir una mayor demanda de servicios. Por otra parte, con la reasignación de los programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad se desarticula y desconcentra la prestación de servicios, por lo que los usuarios deben acudir a diferentes instituciones prestadoras de servicios de salud para acceder a los programas y servicios requeridos, lo que le genera a la población mayores barreras al acceso, por la desinformación, el incremento en los costos de transporte y las largas filas para lograr la facturación en cada centro de atención.

Por lo tanto, el presente artículo contextualiza la Ley 715 de 2001 en el ambiente socioeconómico imperante en el país desde comienzos de la década de los 90, ubica la política de salud dentro de las exigencias de la nueva política social neoliberal y analiza las implicaciones de estos determinantes políticos en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad en el sector de la salud.

Contexto socioeconómico

La globalización, junto con la nueva etapa de acumulación de capital, “el neoliberalismo”, ha generado reformas estructurales en todos los sectores de la vida nacional. En el caso de Colombia, estas reformas consistieron en: “disciplina fiscal, recortes al gasto público, reforma tributaria, liberalización financiera, un tipo de cambio competitivo, liberalización del comercio, inversión extranjera directa, privatización de las empresas estatales, desregulación y la protección a los derechos de propiedad” (1). Ciertamente, la reforma que ha tenido mayor impacto en la sociedad colombiana ha sido la reducción del gasto público, junto con la modernización del Estado, es decir, la reducción de sus funciones, ante el argumento de una mayor eficiencia del sector privado frente al sector público.

Es así como doce años después de la implantación del modelo de corte neoliberal en el país, los resultados obtenidos no podrían ser peores, mucho más si se comparan con los obtenidos en la década de los años 80, conocida como la década perdida. Pues bien, en el componente social, la situación de Colombia en esta década parece algo exitosa: evitó los grandes disbalances macroeconómicos que caracterizaron a los países de la región, y la nación experimentó, después de Chile, el ritmo más alto de crecimiento económico durante las dos últimas décadas; por esta razón, se pudo evitar el aumento en la pobreza y el deterioro en la distribución del ingreso, que experimentaron otros países en la región (13). Sin embargo, durante la década de los años 90 los indicadores sociales no han avanzado y, lo que es peor, algunos han retrocedido dos décadas, como ocurre con el índice de pobreza para Colombia.

En efecto, la pobreza medida por necesidades básicas insatisfechas –NBI– se redujo de 70,2% en 1973 a 32,2% en 1993. Sin embargo, para el año 2002 “la pobreza cobija al 64% de la población, 27 millones de habitantes”(3); el 59,8% de la población se encuentra por debajo de la línea de pobreza y el 23,4% está por debajo de la línea de indigencia (once millones), mientras que hace diez años era del 20%. Asimismo, la pobreza en el campo es del 82,6% y el grado de indigencia, del 40%(4).

En relación con la distribución del ingreso en Colombia, en 1978 el decil más rico de la población recibía el 47,9% de los ingresos totales, mientras que las personas de los estratos medio y medio alto recibían el 12,4%; en 1995 esa proporción se había elevado, para el decil más rico, a 51,0% (13). Después de doce años de implantación del modelo hay una grave concentración en el mercado de capitales: las diez empresas más grandes absorben el 75% del negocio, y el ingreso se concentra en los tres centros de producción del país –Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca–; la propiedad del 53% de la tierra está en manos del 1,08% de la población, mientras

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