La distribución de los recursos financieros en la educación universitaria y para-universitaria costarricense

La distribución de los recursos financieros en la educación universitaria y para-universitaria  costarricense

Mariela Araya Cordero

La educación universitaria y la técnica especializada se han considerado a lo largo de los años por la sociedad civil como uno de los medios más relevantes de movilidad social y productividad industrial y científica en Costa Rica; no obstante, esta en sí misma no representa una garantía para alcanzar las metas descritas, sino que se requiere que los agentes encargados de gestionarla ejecuten los recursos, especialmente monetarios para que los beneficios abarquen a cada vez más ciudadanos. Los aportes financieros por parte del Estado son imprescindibles para que la educación terciaria logre una incidencia significativa en la vida de los costarricenses. El presente ensayo apunta hacia la utilización y distribución del recurso financiero brindado por el gobierno para la educación para-universitaria y las universidades públicas,  especialmente a la Universidad de Costa Rica, y también analiza las repercusiones de esta en distintas áreas gestión.

Primero, la legislación vigente referente al manejo financiero de las universidades públicas de Costa Rica señala al Estado como el proveedor principal de la financiación necesaria. La Constitución Política de la Republica establece en su artículo 85 que el gobierno suplirá de recursos propios a la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional, el Instituto Tecnológico de Costa Rica y la Universidad Estatal a Distancia. En el año 1976, después de publicado en La Gaceta, la ley No 5909 decreta que los recursos para el Fondo Especial para el Financiamiento de la Educación Superior (FEES) se tomarán a partir del impuesto sobre los Traspasos de Bienes Inmuebles, el 25% de los ingresos del Impuesto sobre la Renta y el producto del Impuesto sobre sociedades con acciones al portador (CONARE, 2003).

De esta forma, el Consejo Nacional de Rectores en 1988 propuso un proceso de reajuste automático para garantizar la obtención de estos fondos; la propuesta fue aceptada y ratificada por decreto ejecutivo a partir de ese año. Asimismo, los tres factores que afectan este reacomodo financiero son “el índice de inflación, la tasa de crecimiento de la población total del país y la participación en el crecimiento económico” (CONARE, 2003).

En la misma línea de normativa, los congresistas costarricenses acordaron en 2011 que el Estado invirtiera como mínimo un 8% del Producto Interno Bruto en educación.  De este porcentaje no sólo se benefician los estudiantes de la educación superior no universitaria (administrada por el Ministerio de Educación Pública), sino los universitarios también, ya que el 1.5% del 8% anteriormente citado corresponde al FEES.

Recientemente, sin embargo, algunos acuerdos firmados por el Gobierno de Costa Rica y el Banco Mundial han comprometido hasta cierto punto el porcentaje del FEES para la Universidad de Costa Rica, porque como lo señaló el rector de la institución en su campaña de candidatura: “Dentro del marco del FEES, la participación del Banco Mundial adquiere un significado especial. El Banco Mundial negocia y firma convenios de empréstitos con gobiernos, por lo que no será la UCR la que firme, sino el Gobierno,  aprobado por el Banco Central y la Asamblea Legislativa. Las universidades firmarán un convenio de desempeño. Creo que esta negociación no satisface el modelo de universidad pública” (Semanario Universidad, 2012). Es decir, que si el trabajo mostrado no cumple con las expectativas de la institución financiera y el gobierno, se pronostica una disminución en el fondo expedido, lo cual también pone en riesgo la misión de la Universidad.

Segundo, con respecto a la organización del sistema universitario en términos monetarios, como se explicó mediante la normativa, las instituciones de educación superior públicas sufragan sus gastos por medio del FEES y las universidades privadas por medio de terceros, mayoritariamente a través de su matrícula. No obstante, por los acuerdos con el Banco Mundial, Muñoz (2013) señala que en las futuras propuestas para el FEES, se podría asignar el presupuesto a cada universidad de acuerdo con la presentación de proyectos, los cuales también estarían para concurso las universidades privadas. Este posible resultado, sin embargo “lesiona estructuralmente el principio de la autonomía universitaria, al que el BM y el Gobierno de Costa Rica le atribuyen la condición de constituir una barrera que obstaculiza el establecimiento de mejores políticas gubernamentales para administrar y distribuir el financiamiento para la educación superior.” (p. 10).

Resulta evidente que las universidades privadas se encontrarían en ventaja, en este caso, dada la proporción mayor de recursos adicionales con los que cuentan. Las universidades públicas, por su parte, como ya están en rezago en términos de infraestructura y tecnología no podrían acceder a montos competitivos.

Tercero, en el caso particular de la educación para-universitaria, en cuestiones de organización y cobertura se presenta un fenómeno similar al de las universidades, ya que la mayoría de estas instituciones en el país obtienen fondos privados y sólo 2 colegios universitarios reciben ayuda estatal derivada del presupuesto del MEP. Además, el gobierno ha tratado de solventar la demanda insatisfecha de técnicos especializados por medio de la creación sostenida de colegios técnicos profesionales. Empero, la inversión aproximada que debe de hacer el gobierno para crear un CTP (Colegio Técnico Profesional) y equiparlo es inmensa. El Estado de la Educación informa que: “La intervención en educación técnica no es sólo el equipamiento. La nueva oferta también conlleva costos de infraestructura y compra de terreno. La estimación realizada por la Dirección de Educación Técnica sugiere reservar 1.913 millones de colones por cada nuevo CTP, o lo que es igual, 19.139 millones para la construcción y equipamiento de los 10 CTP en el primer año y por los próximos 5 años.”  (2012, pp.49, 50). Este hecho, hace resaltar la disparidad entre la distribución de fondos entre los distintos sectores educativos en el país.

De igual manera, por su parte, en términos de oferta y cobertura, en las instituciones universitarias ha planteado reponerse del atraso en infraestructura y tecnología por medio de un préstamo con el Banco Mundial. Siendo este de US$200 millones, tiene como objetivo poner al día a las universidades para cubrir su escasez de edificios y equipamiento. De acuerdo con datos brindados por el Banco Mundial, “El financiamiento adicional será distribuido en partes iguales entre las cuatro universidades públicas del CONARE, esencialmente para responder al rezago histórico de la inversión en infraestructura, equipamiento, y formación de recurso humano, así como para consolidar un esfuerzo común en el desarrollo de ciencia y tecnología y otras áreas prioritarias” (Muñoz, 2013, p.21).

...