La ley de instituciones de crédito

UNIVERSIDAD ETAC

DERECHO BANCARIO BURSATIL

FLORES CHAVEZ ITZEL IVONNE

LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO

ARTICULO 8o.- Para organizarse y operar como institución de banca múltiple se requiere autorización del Gobierno Federal, que compete otorgar discrecionalmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oyendo la opinión del Banco de México y de la Comisión Nacional Bancaria. Por su naturaleza, estas autorizaciones serán intransmisibles.

Las autorizaciones que al efecto se otorguen, así como sus modificaciones, se publicarán en el Diario Oficial de la Federación y en dos periódicos de amplia circulación del domicilio social de la institución de que se trate.

ARTICULO 9o.- Sólo gozarán de autorización las sociedades anónimas de capital fijo, organizadas de conformidad con lo dispuesto por la Ley General de Sociedades Mercantiles, en todo lo que no esté previsto en esta Ley y, particularmente, con lo siguiente:

I. Tendrán por objeto la prestación del servicio de banca y crédito, en los términos de la presente Ley;

II. La duración de la sociedad será indefinida;

III. Deberán contar con el capital social y el capital mínimo que corresponda conforme a lo previsto en esta Ley; y

IV. Su domicilio social estará en el territorio nacional.

La escritura constitutiva y cualquier modificación de la misma, deberá ser sometida a la aprobación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Una vez aprobadas la escritura o sus reformas deberán inscribirse en el Registro Público de Comercio sin que sea preciso mandamiento judicial.

Algunas de las actuales instituciones de banca múltiple son:

BANAMEX, SERFIN, ATLÁNTICO, UNIÓN, CONFIA, BBVA BANCOMER, HSBC, SANTANDER, INTERBANCO, INBURSA, PRONORTE, etc.

ANTECEDENTES DE LA BANCA MÚLTIPLE

La privatización de la Banca en México es la continuación de un proceso emprendido por el gobierno a partir de 1982. A finales de ese año, el número de paraestatales se consideraba cercano a 1,200, incluida la Banca. En septiembre la participación del Estado en la economía, a través de las empresas públicas, alcanzó su punto más elevado. Sin embargo, el universo de esas empresas aportaba el 15% del PIB y ocupaba el 5% de la población económicamente activa, pero una sola empresa pública, PEMEX, aportaba el 10% del PIB. Esto desmentía palmariamente la campaña permanente y sistemática que la burguesía sostuvo, sobre todo en los sexenios de 70-76 y 76-82, en la que acusaba al gobierno de intervenir en la vida económica e impedir el libre juego de las fuerzas productivas, las que, en manos de ella, supuestamente llevaría a los mexicanos por rumbos de desarrollo que satisficieran no sólo sus necesidades más elementales, sino también sus inclinaciones hedonistas. En este contexto, la burguessía sostenía que la nación -léase ella- había perdido la confianza en el equipo gobernante.

A partir de 1982, sin embargo, se dieron cambios y nuevas orientaciones en la política económica, de tal manera que lo que antes fue considerado por el gobierno como una virtud, ahora se convirtió en lo opuesto. El gobierno proclamó que el Estado padecía obesidad, lo que le impedía prestar atención a los problemas nacionales. Por otra parte, se le criticaba al gobierno la posesión de tantas empresas públicas, las que -se postulaba- deberían estar en manos de quienes las administraran adecuadamente, esto es, la iniciativa privada.

En el actual sexenio, el encargado del Poder Ejecutivo sostuvo: "Es inaceptable un Estado tan propietario, frente a un pueblo con tantas necesidades y carencias (...) El Estado vende sus bienes para resolver males sociales y canaliza sus energías para abrir espacios a los particulares, para que aumenten el empleo, la inversión y toda la patria florezca".1 Lo que en esa ocasión no se dijo es qué cantidad de esas empresas compradas a particulares estaban en quiebra por pésima administración, como tampoco se mencionó que las que está vendiendo son las empresas más rentables, las que le permitirían al Estado disponer de recursos para atender permanentemente las necesidades y carencias sociales de que se habla, contribuyendo de paso a reducir el déficit público. Los recursos que el Estado tiene podrían resolver algunos problemas, pero estos recursos no son inagotables. Como veremos más adelante, estos recursos se destinan, en parte, al pago de la deuda pública interna. Por supuesto, el acreedor es la propia iniciativa privada.

La creciente intervención estatal en la economía mexicana tuvo su razón de ser. No fue aleatoria ni anárquica. En nuestro país -y hasta el régimen de Porfirio Díaz- el desarrollo del capitalismo estaba volcado hacia el exterior, exportándose principalmente productos primarios. Con la revolución y la instauración de los gobiernos postrevolucionarios se dio un nuevo modelo de crecimiento y desarrollo, también capitalista, sólo que aprovechando los recursos internos.

Ante la debilidad del capital, el Estado se echó a cuestas la tarea de crear la infraestructura que permitiera su fortalecimiento, por lo que inició la creación de las empresas públicas básicas necesarias que permitieran ir apoyando ese desarrollo. Es así como surge, entre otras empresas, el Banco Central en los años veinte, para homogenizar y hacer más fáciles y expeditas las transacciones comerciales a lo largo y ancho del territorio nacional con una sola moneda de curso legal.

En la siguiente década se crean PEMEX y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), esta última para afrontar la producción de energéticos baratos. También en esta época se crea Ferrocarriles de México, concebidos para brindar transporte de mercancías, materias primas y pasajes con tarifas reducidas. Más tarde, en los cuarenta, se establece el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para atender las necesidades de una mano de obra cada vez más creciente. Y en la década de los ciencuenta -finalmente- se crean empresas públicas productoras de bienes de capital, etc.

Las empresas públicas ofrecían -y lo siguen haciendo- bienes y servicios subsidiados a la empresa privada, pero también atienden las necesidades de su fuerza de trabajo al subsidiarles bienes y servicios como ocurre en los casos del IMSS y CONASUPO, por ejemplo. Con estas últimas empresas se disminuían las presiones de los trabajadores por mayores salarios, por lo que abarataban, y en parte lo siguen haciendo, su valor.

Este modelo se agotó en la década de los setenta. Al haberse creado una industria protegida por el Estado que no tenía que renovar permanentemente su planta productiva y al no tener

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