La realidad del INPE

LA REALIDAD DEL INPE

Ingresan diariamente más de mil hombres a los 68 recintos penales aproximadamente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) Esta cifra es realmente preocupante si sabemos que la capacidad de albergue para los internos es de 28,257 y la población actual sobrepasa los 56,055. “Somos conscientes de este grave problema social”

Si la misión del INPE es brindar tratamiento penitenciario integral al interno, en adecuados establecimientos con óptimas condiciones de seguridad y eficiente gestión para contribuir a la seguridad ciudadana.

Responsabilidad realmente difícil es la de transformar conductas antisociales y tener excelencia en el control de los internos cuando se cuenta solamente con 983 profesionales en tratamiento y 3,811 en seguridad Aproximadamente, añadiéndose a este escaso capital humano la inadecuada infraestructura y el deficiente material logístico.

Pretender que menos de 1,000 profesionales en tratamiento (educadores, trabajadores sociales, psicólogos, abogados, enfermeras y médicos) trabajen diariamente con toda la población recluida es simplemente imposible.

¿Cómo producir entonces un cambio en las conductas de los internos que no cuentan con un seguimiento adecuado?

Labor penitenciaria implica diversas y complejas tareas, tales como: resguardar el orden dentro de los recintos carcelarios, trasladar internos de alto riesgo a otros penales por regresión en su tratamiento, a diligencias judiciales y hospitales. Controlar el ingreso de visitas, torreones, cercos perimétricos y puertas de ingreso. Con 3,811 hombres –por más capacitados que se encuentren– es realmente inconcebible.

Pese a estos obstáculos, más de 6,000 funcionarios y trabajadores a escala nacional dirigen y administran el Sistema Nacional Penitenciario.

Ellos entregan su mejor esfuerzo para cumplir con la meta de reeducar a aquellos que equivocaron su camino y que la sociedad simplemente rechaza.

No deberíamos ser ajenos a tan álgida problemática. Los recintos penitenciarios deberían formar parte de nuestra obligación y nuestro aporte debería ir más allá de la simple crítica.

Un país con seguridad ciudadana será posible cuando todos tomemos conciencia de que las prisiones son nuestra responsabilidad. Comencemos apoyando quizá con la aprobación de una partida presupuestal que permita en el más corto plazo la construcción de penales, la adquisición de herramientas modernas para la seguridad, la incorporación de más profesionales en tratamiento y seguridad penitenciaria, y finalmente las capacitaciones permanentes para los trabajadores actuales en nuevas técnicas carcelarias.

Todas estas acciones tendrán éxito paralelamente con el esfuerzo de un Poder Judicial que trabaje hombro a hombro con el INPE, de manera especial

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