Ley 779

A un año de cumplirse la aprobación de la Ley Integral contra la Violencia hacia la Mujer, Ley 779, diversos son los sectores que opinan sobre la utilidad de la misma tanto en su naturaleza, como en la viabilidad para aplicarse en las condiciones sociales de nuestro país. Sectores de la sociedad civil expresan que la misma desarticula el núcleo familiar si se implementa la medida cautelar de alejamiento del hogar sin oportunidad de mediación, otros, que discrimina al hombre al diferenciar los hechos punibles en base de la perspectiva de género; y haciendo uso de un discurso distinto, se muestran los especialistas en materia legal quienes piensan que la sola formulación y aplicación de la ley 779 resolverá la mayoría de los problemas estructurales - prácticos de las familias nicaragüenses.

Ámbito de aplicación

El artículo 2. “ámbito de aplicación de la ley” presenta que ésta se aplicará en el ámbito privado y público. Los efectos de esta ley, serán aplicables a quien se halle o hubiera estado ligado por condición de consanguinidad, afinidad, sujetos de tutela, cónyuge, ex cónyuge…etc.”, en resumen cualquier relación social que genere violencia a la mujer. La agresión pudiera ser física, verbal o psicológica.

Encontramos, sin embargo, que en la mayoría de los casos, solamente se observa como hecho violento los homicidios o maltrato físico, pasando por alto las ofensas verbales y los daños emocionales que se generan en las relaciones afectivas familiares o conyugales. Se encuentran, los anteriores elementos, estipulados como hechos punibles, sin embargo no son tomados en serio por las autoridades correspondientes, y por la comunidad general, que repite los modelos de comportamiento negativos hasta afectar la identidad cultural global, la cual visualiza a Nicaragua como un país “machista”, antes y después que se promulgara la ley 779.

La aprobación de la ley: el debate generado por los distintos sectores no pone fin a la violencia de género ni detiene los femicidios.

A pesar de que la ley contra la violencia hacia las mujeres impone la pena máxima prevista por el código penal nicaragüense, 30 años, los casos de violencia siguen siendo reportados por las mujeres, víctimas de abuso físico y psicológico, perpetrados por desconocidos, familiares, cónyuges, ex – cónyuges, en espacios públicos y privados. ”Al menos 47 mujeres han sido asesinadas en Nicaragua durante los primeros siete meses de este año, un 2% más que en el período anterior, a pesar de la ley que castiga severamente el femicidio, denunció este miércoles un grupo feminista” (La Prensa 31/7/13).

Sociedad burguesa dividida

La discusión actual entre las distintas partes de la sociedad civil radica en la viabilidad de la ley. Voces gubernamentales, grupos feministas, especialistas del derecho, la iglesia católica y líderes de otras denominaciones cristianas,

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