Ley De Tiera

Conclusiones

El proyecto de Ley de Desarrollo Agrícola y Seguridad Alimentaria es novedoso en aspectos como: el concepto de seguridad alimentaria; el concepto de desarrollo agrícola sustentable* el reconocimiento de que el sector agrícola venezolano está inmerso y compitiendo en un contexto de globalización (reconocimiento expreso de los pasos dados por la reforma agrícola comercial del 90); la unidad necesaria que se debe dar entre productores y consumidores; el reconocimiento de que se declara a la actividad agrícola de interés fundamental y prioritario para el desarrollo económico y social de la Nación; promueve la descentralización en el ámbito de la promoción de la actividad agrícola y; que la alimentación es un derecho humano fundamental. * Comunicación personal del Dr. Rafael Inciarte Bracho. Juez Agrario del Estado Zulia. Entre los puntos débiles se consideran: en primer lugar, el proyecto de ley está imbuído de una filosofía proteccionista, dejando constancia de la discrecionalidad del Estado en la administración de las políticas públicas que afectan al sector, lo que genera incertidumbre y desinversión, puesto que consagra un Ministerio de Producción y Comercialización interventor, cuando, por otro lado, se quiere liberalizar la agricultura; en segundo lugar, en el marco de la globalización económica, la tesis de la seguridad alimentaria es contraria a los acuerdos que se suscribieron a la luz de las negociaciones de la Ronda Uruguay del GATT (OMC), ya que se fundamenta en la producción nacional, haciendo sujeto de ese concepto al productor y no al consumidor que puede ver restringida la garantía de conseguir ciertos bienes en el mercado; la seguridad alimentaria debe basarse en el incremento de la productividad y competitividad del agro venezolano; en tercer lugar, las experiencias de financiamiento de la actividad agrícola y pecuaria experimentadas desde el decreto de la Ley de Reforma Agraria pueden verse repetidas a partir de la promulgación de esta Ley Orgánica de Desarrollo Agrícola y Seguridad Alimentaria, ya que prevé la posibilidad de otorgar al sector productivo agrícola un tratamiento especial por la vía del establecimiento de carteras obligatorias por un tiempo determinado por parte de la banca comercial y la aprobación de medidas compensatorias de ese subsidio para los productores con deudas de corto, mediano y largo plazo si las tasas de interés concretan un alza superior a un valor dado. La presente propuesta se afianza en:

1. Que la legislación agrícola fomente la creación y consolidación de Fondos Regionales de Financiamiento Agrícola.

2. La norma jurídica agrícola debe propiciar el establecimiento de bases para la creación de una política social agraria acorde con las verdaderas posibilidades de la economía nacional.

3. Lo que se trata es de no ingresar en la pugna entre productores nacionales y los

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