Ley General De Educación

La Ley General de Educación plantea que todo individuo tiene derecho a recibir educación y, por lo tanto, todos los habitantes del país tienen las mismas oportunidades de acceso al sistema educativo. Menciona que el Estado está obligado a prestar esos servicios educativos para que toda la población pueda cursar la educación preescolar, la primaria y la secundaria. Se plantea, en este mismo capítulo, que todos los habitantes del país deben cursar la educación preescolar, la primaria y la secundaria, la cual deberá ser laica y gratuita. La educación que imparta el Estado deberá contribuir al desarrollo integral del individuo.

Posteriormente habla sobre la función social educativa en la que destaca las atribuciones que le corresponden a la autoridad educativa federal, como determinar los planes y programas de estudio para toda la República, establecer el calendario escolar, los libros de texto, regular la formación, actualización, capacitación y superación profesional de los maestros, entre otros. Aborda, también, el financiamiento a la educación, estableciendo su prioridad para el desarrollo nacional y la evaluación del sistema educativo, asignando la tarea a la Secretaría de Educación Pública.

Establece expresamente que “el calendario deberá contener doscientos días de clase para los educandos” (Art. 51), elemento que se ha derivado de la preocupación por mejorar la calidad de los servicios educativos. La educación básica, en sus tres niveles, tendrá las adaptaciones requeridas para responder a las características lingüísticas y culturales.

Indica que las instituciones del Sistema Educativo Nacional expedirán certificados y otorgarán constancias, diplomas, títulos o grados académicos a las personas que hayan concluido estudios y que tendrán validez oficial en toda la República.

En el título VII menciona los derechos y obligaciones de los padres de familia; establece la obligación de las autoridades educativas de promover “la participación de la sociedad en actividades que tengan por objeto fortalecer y elevar la calidad de la educación pública, así como ampliar la cobertura de los servicios educativos”. (Art. 68), se establece que deberán integrarse consejos por escuela, municipio, entidad federativa y uno nacional.

Por último menciona que son infracciones de quienes prestan servicios educativos incumplir cualesquiera de las obligaciones previstas en el Artículo 57; suspender el servicio educativo sin que medie motivo; suspender clases en días y horas no autorizados; no utilizar los libros de texto que la Secretaría autorice; incumplir los lineamientos generales para el uso de material educativo; expedir certificados, constancias, diplomas o títulos a quienes no cumplan los requisitos aplicables; efectuar actividades que pongan en riesgo la salud o la seguridad de los alumnos; oponerse a las actividades de evaluación, inspección y vigilancia,

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