Los Derechos Humanos En Colombia

LOS DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA

Misael Andrés Pineda Rojas

Al Docente: Dr. Jaime Cruz

Derechos Humanos y Democracia

Universidad Autónoma de Colombia

Facultad de Derecho

27 de Abril de 2010

LOS DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA

GENERALIDADES:

Diario el espectador: El gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez y la organización no gubernamental Human Rights Watch protagonizaron un nuevo enfrentamiento tras la presentación de un informe en el que el chileno José Miguel Vivanco, director para América Latina de esa organización, señala al Gobierno colombiano de obstaculizar las labores de la justicia en la desarticulación de la “mafia paramilitar”.

RESEÑA HISTÓRICA:

Hace 62 años, el 10 de diciembre de 1948 se aprobó en el seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Desde entonces comenzó a estrecharse una relación entre una de las más importantes aspiraciones éticas de los pueblos civilizados y su consagración internacional en normas jurídicas de obligatorio cumplimiento: LA PROTECCIÓN DEL INDIVIDUO FRENTE AL PODER.

EL CONTEXTO SOCIO-POLÍTICO DE LA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA

Desde la independencia, Colombia se ha caracterizado por una dualidad social: una monopolización de los poderes económicos, políticos, culturales por una minoría, esencialmente urbana y, del otro lado grandes masas rurales viviendo a un nivel de subsistencia. La injusticia social, imperante desde el periodo de la colonia, se profundizó durante el periodo neoliberal; millones de colombianos y colombianas viven en la pobreza y otros millones están en la indigencia teniendo que vivir con menos de un dólar por día y la distancia entre los más ricos y los más pobres va creciendo.

Colombia tiene uno de los índices de desigualdad más altos de América Latina, siendo un país rico con un crecimiento anual del 7 %. La lógica neoliberal que promueve un crecimiento espectacular de más o menos 20 % de la población se aplica perfectamente al país. El 0.3 % de la población es propietaria de más de la mitad de las tierras agrícolas.

Desde el punto de vista político, dos partidos reflejos de la burguesía y de la oligarquía, han dirigido el país desde el siglo XIX, concluyendo a veces un pacto oficial para compartir el poder, no han permitido nunca la expresión de una alternativa política. Cada vez que un líder político podría presentar la esperanza de un cambio real, la iniciativa se termino por un asesinato o una muerte violenta: Jorge Eliécer Gaitán, Camilo Torres, Jaime Pardo Leal, Carlos Pizarro León Gómez y Bernardo Jaramillo.

La injusticia social, el monopolio del poder político, la imposibilidad de una alternativa real, explican entre otros factores, el nacimiento de movimientos insurgentes armados a principio de los años sesenta, después de la Guerra civil destacada entre liberales y conservadores por el asesinato de Gaitán, conocida como el periodo de la "violencia", que causó 300.000 muertos.

A partir de los años setenta, el desarrollo del narcotráfico como sistema que integra una gran parte de las estructuras sociales y económicas del país, se volvió en un componente de la realidad político-económica de Colombia. Se organizaron importantes carteles, y las ganancias del negocio penetraron el conjunto de la estructura económica, con el reciclaje de dinero en el sistema financiero, en la construcción y en casi en todos los sectores de la economía. Penetró también el sistema político y la sociedad entera: fuerzas armadas, parlamento, justicia, gobierno.

Desde los años sesenta, incluso antes de la aparición de las guerrillas, una misión militar de los Estados Unidos, obligó a los gobiernos colombianos a ampliar una estrategia paramilitar ya utilizada por los terratenientes, para combatir ideologías disidentes legalizando progresivamente su accionar, el cual tuvo mayor auge en las décadas de los 80s y de los 90s y se prolonga hasta hoy son los llamados paramilitares, estos grupos han crecido hasta controlar territorios enteros y han utilizado los métodos más condenables de represión de la población civil: masacres colectivas indiscriminadas y selectivas, desapariciones forzadas y torturas, desplazamientos forzados, violaciones sexuales a mujeres y apropiación de tierras colectivas a comunidades campesinas, negras e indígenas.

Desde el principio del conflicto armado la ayuda de los Estados Unidos ha ido creciendo, con el pretexto en esos últimos años de la lucha contra el narcotráfico, que toma el nombre a partir de 1998 de "Plan Colombia" y se transformó rápidamente en un plan de lucha contra la insurgencia. El "Plan patriota" y la consolidación del "Plan Colombia" persiguen los mismos objetivos, en un país de gran importancia geoestratégica para los intereses del imperio del Norte.

Con la elección del presidente Álvaro Uribe Vélez en el año 2002, el conflicto se extendió a una franja importante de la sociedad civil a través de la política de la "Seguridad Democrática". El objetivo asumido de esta política es la solución militar del conflicto. Desde los primeros años, para llegar a esos objetivos, se utilizaron mecanismos y políticas que implicaban a la población civil en la guerra: redes de informantes y soldados campesinos.

A partir del 2004 se emprendió una operación de desmovilización de los paramilitares, acompañada de varias medidas legislativas que de hecho revelaron ser una amnistía encubierta destinada a asegurar la impunidad de los paramilitares. La ley 975 del 25 de Julio de 2005, denominada de "Justicia y Paz", permitió a pesar de la anulación de varias disposiciones de la Corte Constitucional en 2006, que los principales jefes paramilitares escaparán a las sanciones incurridas por crimines de una particular gravedad. Este proceso de impunidad culminó el 13 de mayo de 2008, con la extradición de 14 de los jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que les permitió eludir su responsabilidad hacia las numerosas víctimas de sus crímenes.

La complicidad del aparato estatal civil y militar y con el paramilitarismo, negada por el gobierno, ha sido demostrada por la Justicia que investiga actualmente a decenas de parlamentarios de la

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