MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN ECONÓMICA Y TRANSFORMACIÓN DEL SISTEMA ECONÓMICO A TRAVÉS DE LA CONGESTIÓN.

REPÚBLICA BOIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACION SUPERIOR

UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE VENEZUELA

ALDEA UNIVERSITARIA LICEO BOLIVARIANO EL VIGÍA

VIII SEMESTRE “ESTUDIOS JURIDICOS”

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN ECONÓMICA Y TRANSFORMACIÓN DEL SISTEMA ECONÓMICO A TRAVÉS DE LA CONGESTIÓN.

PARTICIPANTES:

MARÍA CASTILLO

LUIS MÁRQUEZ

FACILITADORA:

Abg. ASTRID GUTIERREZ

EL VIGIA, JUNIO DEL 2014

INTRODUCCIÓN

Frente a lo que sucede en el mundo del sistema capitalista mundial, es necesario dar respuestas coyunturales, pero es exigente y urgente dar respuestas estructurales que fundamentalmente nos coloquen en la posibilidad real de construir una sociedad nueva, un mundo nuevo y en donde, partiendo desde el territorio, desde el hábitat, desde la comunidad – la comuna, el pueblo tome conciencia de su importancia y que sus organizaciones económicas de producción, son históricamente necesarias para que la crisis se convierta en una oportunidad extraordinaria de avance, dentro del camino de los pueblos en la lucha por su liberación definitiva del oprobioso e inhumano sistema capitalista.

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN ECONÓMICA

Una de las características de la Constitución venezolana aprobada en 1999, es la inclusión de diferentes mecanismos de participación popular, consagrados como derechos políticos de los ciudadanos. Entre ellos cabe destacar las diversas formas de participación en la esfera socio-económica, en los cuales se incluyen las “…instancias de atención ciudadana, la autogestión, la cogestión, las cooperativas en todas sus formas incluyendo las de carácter financiero, las cajas de ahorro, la empresa comunitaria y demás formas asociativas guiadas por los valores de la mutua cooperación y la solidaridad” (art. 70).

El establecimiento de este derecho constitucional ha servido como punto de partida para que los órganos gubernamentales orienten su apoyo institucional y financiero hacia las agrupaciones de ciudadanos que se organizan bajo las figuras ya mencionadas. Inicialmente se concentró la atención en el sector de las cooperativas, dando origen a la creación de miles de iniciativas de este tipo, en la búsqueda del apoyo oficial. Sobre esta experiencia, se estima que hasta mediados de 2005, se habían creado en el país más de 74 mil cooperativas, pasando Venezuela a ocupar el segundo lugar a nivel mundial entre los países con mayor número de casos, después de China (Gil, 2005). Expertos como Oscar Bastidas Delgado, afirman que la experiencia no ha sido la más favorable, ya que muchas de estas nuevas organizaciones solo se han formado para recibir los recursos prometidos por el gobierno. Para él, la cooperativa impulsada actualmente, a diferencia de las que sobreviven desde períodos anteriores, se caracteriza por lo siguiente:

No conoce la autogestión ni el autofinanciamiento, sino que son ciento por ciento financiadas por el Estado; las cooperativas se han convertido en un instrumento de distribución del ingreso petrolero por parte del Gobierno. Pero de paso el sistema es tan malo, tan pobre y tan improvisado, que la gran mayoría de los créditos que se entregan a las cooperativas son a fondo perdido porque apenas se entrega el primer lote de dinero, la cooperativa desaparece (Gil, 2005: 1).

La experiencia del programa de apoyo gubernamental a las cooperativas muestra algunos logros, como el estímulo a la iniciativa productiva de microempresarios y población en situación de desempleo formal, pero debe ser evaluado objetivamente para detectar sus debilidades y diseñar planes de acción que permitan su permanencia sustentable. En todo caso, los puntos a favor y en contra de este programa gubernamental han servido como referencia para la promoción de nuevos programas que impulsan la participación popular en el campo económico, como lo establece el texto constitucional. Es así como durante el año 2005 se comenzaron a impulsar las figuras de la cogestión y las empresas de producción social (EPS), que junto con las cooperativas, los microcréditos y el apoyo a la pequeña y mediana empresa (PYME), se toman como puntas de lanza de los programas oficiales orientados a la consolidación de la “economía popular.

Son diversos los temas de discusión que surgen a raíz de estas acciones gubernamentales, ya que cada una de ellas tiene implicaciones políticas, jurídicas, económicas, sociales, ambientales, e incluso institucionales. En este escrito se plantearán algunas reflexiones relacionadas especialmente con los mecanismos de cogestión que vienen promoviéndose en el país, analizados desde una perspectiva económica.

Es necesario comenzar la exposición aclarando el significado del término “cogestión”, para diferenciarlo de otros esquemas de participación en las decisiones económicas. Al respecto puede citarse a Sabino (1991: 1), quién la define como:

Participación de los trabajadores en la gestión de la empresa a través de representantes suyos en el directorio y en algunas otras instancias de gestión: gerencias, departamentos, etc. La cogestión puede ser una derivación de la copropiedad de la empresa o puede ser independiente de ésta, como resultado de leyes que la imponen.

En este sentido, se diferencia de la autogestión, ya que esta se refiere a aquellos casos donde los trabajadores toman las decisiones gerenciales en forma independiente, sean o no propietarios de la empresa; por otro lado, las cooperativas se conforman por un grupo de socios que comparten sus servicios y sus ganancias, y que eligen una junta directiva que tome las decisiones generales. Otro término con el que puede confundirse la cogestión es el de copropiedad, donde los trabajadores poseen una porción significativa de las acciones de la empresa, hecho que puede dar cabida a la aplicación de mecanismos cogestionarios.

Para el caso venezolano, las experiencias de cogestión que se vienen aplicando en el sector empresarial, no parten de la copropiedad de la firma, sino que se basan en la expropiación por parte del Estado de empresas en crisis, declaradas como utilidad pública, y entregadas a los trabajadores para que sean coadministradas por ellos

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