Medida Cautelar

En el artículo 103 al 106 de la Ley se basa en el procedimiento del cual se regirá la tramitación de las medidas cautelares, así mismo incluirá todas las solicitudes de amparo constitucional cautelar, salvo lo previsto en el artículo 69 relativo al procedimiento breve. Así lo expone los artículos 585 y siguientes del Código Procedimiento Civil, la oposición se regirá por el referido código. Según Hernández (1999) expresa: (…) “lo que condujo a que la propia Corte Suprema de Justicia si la pretensión tenía por objeto la suspensión de la ejecución del acto administrativo recurrido se le podía dar el trámite establecido en el artículo 136 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia”. Espinoza y Rivas opinan con respecto a la tramitación de las medidas, dispone que: “la ley no establece las atribuciones del juzgado de sustanciación con excepción del art. 105 ya que el legislador en Sala Constitucional (2005) los pronunciamientos de admisibilidad sobre la inconstitucionalidad de unas solicitudes cautelares”.

Según lo antes expuesto se puede analizar que el proceso cautelar tiene como función prevenir o evitar el daño injusto que probablemente puedan experimentar las partes dentro del proceso, en razón del retardo demora en la resolución definitiva del proceso principal, donde el juez tiene pleno poder para hacer cumplir incluso de manera forzosa, lo ordenado en la decisión cautelar. La tramitación del proceso cautelar es distinta a la proceso principal; este se inicia a través de la acción; luego que el legitimado activo formula sus pretensiones y el legitimado pasivo la contradice y traba la litis, es allí donde se proceden a efectuar los restantes trámites procesales que normalmente culminan con la decisión del órgano judicial el cual decide sobre la solicitud cautelar y en caso de otorgarla, puede proceder a otorgar su ejecución; es con posterioridad al fallo cautelar que el legitimado pasivo del proceso cautelar procede a formular sus alegatos.

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