Modelo De Equidad De Género

I. INTRODUCCIÓN

Las relaciones entre hombres y mujeres, entre lo masculino y femenino, en suma las relaciones entre los géneros constituyen sólo algunas de las tramas del complicado diseño de la retícula social. Las identidades de género y las representaciones sociales asociadas a ellas se fundan en procesos culturales e ideológicos profundamente interiorizados en los seres humanos. La categoría de género no se desprende mecánicamente de las características morfológicas y fisiológicas que distinguen a los individuos de uno u otro sexo, sino que se interpreta y define dentro de un contexto económico y social.

Los roles de género que la sociedad asigna desde el momento del nacimiento a los actores sociales, están definidos por circunstancias sociales, culturales y económicas; por tanto, no son estáticos sino que están cambiando y reconfigurándose continuamente. Los roles de género son aprendidos, difieren entre las culturas y al interior de las mismas y están influenciados por una amplia gama de factores como la clase social, la etnicidad, la religión, la cultura, etc. En este sentido, la categoría de género intenta descifrar el tipo de mecanismos culturales que han transformado las diferencias biológicas y psicosociales entre hombres y mujeres en un complejo sistema de desventajas y/o desigualdades sociales que actúa subvalorando, menospreciando o excluyendo la parte femenina de la sociedad.

En México la categoría de género ha venido permeando los ámbitos públicos y privados. No obstante las evidencias de una creciente sensibilidad social frente a los problemas vinculados a los diversos, complejos y multidimensionales mecanismos que suponen la desigualdad e inequidad de género, la naturaleza misma de éstos, vuelve muy difícil y costoso revertir estas tendencias. Por ello, las decisiones políticas adoptadas en los últimos años se han transformado en instrumentos para reducir la brecha de las desigualdades entre mujeres y hombres en nuestro país, a través de una serie de acciones afirmativas orientadas en tres vertientes: reformas legales; diseño e instrumentación de políticas públicas; y, la promoción de un mayor número de mujeres a puestos de dirección. Estas acciones han permitido la institucionalización de las acciones afirmativas, desde luego aun incompleta, que en el mediano y largo plazo permitirá un cambio profundo de la percepción social de las relaciones entre los géneros.

Sin embargo, las condiciones de discriminación por género e injusticia: las violaciones legales en perjuicio de las mujeres; la segregación ocupacional; los ingresos castigados; la insuficiencia y el alto costo de los servicios de apoyo; el hostigamiento sexual; la cultura laboral ajena a los enfoques de género, por mencionar las más evidentes, las que están a la vista de todos, las que se traducen en estereotipos discriminatorios, etc., constituyen más la regla que la excepción en la cotidianeidad del mundo del trabajo en México.

La Constitución mexicana reconoce la existencia de un principio de no discriminación por género, así como de un principio de igualdad jurídica entre hombres y mujeres. Asimismo, el concepto de equidad de género se encuentra definido de manera clara en la legislación y se define como el principio conforme al cual hombres y mujeres acceden con justicia e igualdad al uso, control y beneficios de los bienes y servicios de la sociedad, incluyendo aquellos socialmente valorados, con la finalidad de lograr la participación equitativa de las mujeres en la toma de decisiones en todos lo ámbitos de la vida social, económica y política. En este sentido cabe recordar que el Instituto Nacional de las Mujeres tiene como objetivo buscar mejorar las condiciones de vida de las mujeres a partir del enfoque de género en todas las políticas públicas de todas las entidades federativas y de la Federación.

Asimismo, las leyes en materia de trabajo reconocen de manera expresa la igualdad entre mujeres y hombres, y otorgan un trato diferenciado a las mujeres embarazadas, garantizando una remuneración, atención médica y reinstalación en el trabajo. No se advierte pues la existencia en las leyes en materia de trabajo y seguridad social, particularmente en empleo y seguridad social, algún precepto o regla que otorgue un trato diferente o discriminatorio a las mujeres. En este sentido se puede afirmar que las leyes relativas al empleo y la seguridad social cumplen con los requisitos formales de equidad de género, estipulados por la Constitución Federal, así como con los tratados y convenios internacionales en materia de combate contra la discriminación de la mujer que México ha celebrado.

No obstante lo anterior, la desigualdad entre hombres y mujeres en materia de acceso al trabajo, así como en remuneración y condiciones del mismo, es un problema común que aun existe en México. Es decir, la existencia dentro de los ordenamientos legales de un principio de igualdad formal entre mujeres y hombres no ha sido suficiente para suprimir las desigualdades de facto que existen en materia de género.

Todo esto supone la necesidad de realizar múltiples acciones afirmativas congruentes con las políticas y programas que contribuyan a reformar la vida práctica y el mundo del trabajo, como el MEG:2003, que busca apoyar el proceso de institucionalización de políticas de equidad de género en México en empresas privadas, instituciones, organismos públicos y organizaciones no gubernamentales, para brindar igualdad de oportunidades a hombres y mujeres en el acceso al empleo, la capacitación, el desarrollo profesional y la participación en el proceso de toma de decisiones.

En este contexto se encuadra el Modelo de equidad de género que el Instituto Nacional de la Mujeres desarrolla para promover la equidad de género en México.

II. Antecedentes

El Proyecto sobre equidad de género “Generosidad”, acordado entre el Gobierno de México y el Banco Mundial, surge en el año 2002 y fue una operación de aprendizaje e innovación (LIL) con una duración de tres años. El Gobierno de México designó al Instituto Nacional de las Mujeres como ejecutor del proyecto, por ser la entidad del gobierno federal que tiene a su cargo la promoción de la equidad de género en la vida cultural, económica y social del país.

El Proyecto Generosidad se inserta dentro de los proyectos del Instituto al ofrecer la oportunidad de probar y evaluar herramientas

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