Modelo de Peña Nieto

El modelo de Peña Nieto descansa sobre dos esquemas: a) los contratos para la exploración y explotación de hidrocarburos a celebrarse con el Poder Ejecutivo Federal; y b) la posibilidad de la participación privada en toda la cadena de valor de los hidrocarburos, en un régimen que -no obstante- suponga la autorización expresa del gobierno federal. Esto supone obviamente eliminar la prohibición constitucional de que el Estado celebre contratos para la explotación de hidrocarburos con el sector privado. Además, la reformulación constitucional propuesta eliminará a la petroquímica de la lista de las áreas estratégicas, posibilitando -también en ese sector- la colaboración del sector privado. Las propuestas de reforma de Peña Nieto incluyen la modernización de Pemex, de modo de conferirle más flexibilidad operativa y un tratamiento fiscal comparable al de sus competidoras en el resto del mundo. Además de las medidas antes descriptas para el sector de los hidrocarburos, la reforma estructural propuesta por el presidente Peña Nieto incluye un capítulo referido específicamente a la energía eléctrica. En México, el 99% de las ciudades de más de 100.000 habitantes tienen una electrificación del 99%. Quedan, sin embargo, por electrificar 43.000 ciudades pequeñas, donde viven más de 2 millones de mejicanos. Pese a que la energía eléctrica residencial está subsidiada, las tarifas eléctricas comerciales e industriales son un 25% más altas que las norteamericanas, lo que -es obvio- quita competitividad a la economía mejicana. Las propuestas apuntan entonces a reducir los costos del servicio eléctrico, así como a organizarlo con una visión moderna que permita elevar la productividad y la eficiencia del sistema La reforma propuesta supone convocar al capital privado a invertir en la generación de energía eléctrica. También utilizar más gas natural en esa actividad. A lo que se agrega la necesidad de modernizar y ampliar la red nacional de transmisión, cuyo 50% tiene más de 20 años de antigüedad. Las propuestas apuntan entonces a reducir los costos del servicio eléctrico, así como a organizarlo con una visión moderna que permita elevar la productividad y la eficiencia del sistema. Se mantiene la titularidad del estado sobre la transmisión y distribución, pero se convoca al sector privado para cooperar en aumentar la oferta de energía eléctrica.

...